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lunes, 23 de enero de 2017

El Sistema Eléctrico Español en busca de un equilibrio estable


Tanto se ha parcheado, tanto se ha desequilibrado el sistema eléctrico a favor de unos determinados intereses, tanto se ha coartado a los reguladores y buscadores de equilibrios estables que todo ese conjunto de actuaciones y otras muchas nos han llevado a la situación actual.

La situación actual, a los ojos de un agente externo al sistema, es la de un sistema eléctrico descontrolado, en el que nadie es responsable de un crecimiento inaceptable del precio de la energía eléctrica y, parece ser, que las reglas del sistema de las cuales tampoco nadie se siente responsable, conducen a una situación que el sistema no puede controlar y, desde fuera del mismo, no parece posible que se esté dispuesto a consentir, al menos, durante la fase de “tormenta perfecta”

Los agentes que dominan el sistema, con el beneplácito de los que tienen la responsabilidad de regular y equilibrar, se lavan las manos, en una repetición de un Herodes de nuestro tiempo.
Asistimos al inicio de mandato de un nuevo Ministro de la Energía, del mismo equipo político que su antecesor y con la singularidad de ser hermano del responsable de la energía de la etapa anterior y autor de la última reforma del año 2013. El actual ministro, tal como se viene diciendo en varios medios, se ha adjudicado el papel de narrador de los hechos y no el de responsable que busca y acuerda soluciones.

Podemos resumir la situación que atraviesa el sistema eléctrico, desde la óptica del Ministro de Energía en la siguiente: se ha producido una tormenta perfecta por la confluencia de varios factores, uno de estos factores: el precio en el mercado spot del gas natural, es el que posibilita que el precio de la energía eléctrica alcance los niveles actuales que son uno de los niveles máximos alcanzados por el sistema eléctrico.


Con el diagnostico anterior la solución ya es posible y de toda lógica, hagamos que el precio de gas descienda, al menos durante la fase de tormenta perfecta y aquí no ha pasado nada, y este no pasar nada se cuantifica en que para un usuario doméstico le va a suponer una cantidad no excesiva, 100€ al año o mejor 6/ 8 € al mes.


Por evidente, a nadie se le escapa, que el razonamiento anterior no tiene ninguna consistencia y, por lo tanto, no será la solución que demanda el sistema eléctrico y si, posiblemente, una salida para la política y el lobby dominante.

La situación, en cualquier caso, es poco ilusionante, al ser necesaria una reforma a la llevada a cabo en diciembre del año 2013 liderada por el hermano del actual ministro de energía, lo ilógico de la situación parece que se impondrá, salvo dimisiones no esperadas y, por lo tanto, no será posible una nueva reforma desde la administración actual y si, la implementación de nuevos parches que permitan una salida sin demasiados costes políticos.

Plantearse una nueva reforma del sistema eléctrico, transcurridos solamente tres años desde la última, solo sería realizable desde la ruptura con el sistema actual.
La mejor definición del alcance de la reforma a desarrollar, quizás, venga bien definida por el texto político de los independentistas catalanes que dice lo siguiente:

El sistema energético de España es el resultado de la evolución del modelo económico franquista de capitalismo de Estado, en el que, o bien el Estado se reservaba la gestión directa de los sectores básicos de la economía o bien en cedía esta gestión a intereses privados cercanos al régimen.

En el proceso de la transición de la dictadura al régimen constitucional de 1978 este esquema se mantiene. Sólo las condiciones de entrada en la UE obligaron a desmantelar, al menos formalmente, la estructura básica de este capitalismo de Estado, imponiendo la privatización y liberalización de los grandes sectores económicos.

Las directivas europeas obligan a abrir a la competencia efectiva la generación, la distribución y la comercialización eléctrica, pero la transposición de estas directivas por parte del Estado español se ha hecho de manera inadecuada y no se ha logrado alterar la estructura oligopólica del mercado ni introducir una verdadera competencia al alcance de los consumidores.

Se han creado unos mecanismos de mercados mayoristas de electricidad que no favorecen unos precios competitivos para la industria ni bastante asequibles muchas familias. Además, se dificulta la entrada de otros actores en el mercado como con la legislación que ha impuesto un peaje en el autoconsumo y la pequeña generación local.

El resultado de todo ello es el mantenimiento de un mercado oligopólico con una formación de precios poco transparente, al arbitrio del Gobierno, que es quien determina los costes regulados que suponen cerca del 50% de la factura eléctrica que paga el usuario, y que han generado un voluminoso déficit de tarifa que incrementará aún más unos precios que ya se cuentan como los más elevados a nivel europeo.


Ciertamente, las familias y las empresas hoy pagamos una de las facturas eléctricas más caras de Europa, con el consecuente impacto en las economías familiares y la competitividad de nuestras empresas.


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