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miércoles, 5 de agosto de 2015

El autoconsumo de energía en un mercado oligopolista


La falta de desarrollo de la legislación necesaria para la implantación masiva del autoconsumo en el sector eléctrico español tiene, al menos, una causa que lo justifica: la existencia de un oligopolio.

El debate para la superación de la situación legislativa actual debería estar servido en el tema del autoconsumo de energía en España, y, posiblemente, debería ser un tema de confrontación política, al menos en el plano teórico,  que ayudaría a que los ciudadanos se posicionaran con mejor información de la que tienen actualmente y, en cualquier caso, en unas elecciones podrían elegir una posición o la contraria con más conocimiento que el actual.

Nadie rechaza el autoconsumo de una manera directa, pero si, indirectamente, se defienden o se crean inconvenientes que hacen que en la práctica sea inviable su desarrollo y así se presenta un perfil menos duro o de enfrentamiento al autoconsumo ya que se considera que socialmente  es aceptado, mayoritariamente, la posición de potenciar el autoconsumo.
La posición politica que defiende abiertamente el autoconsumo, propició alternativas para el desarrollo de estas fuentes de energía que se alejaban del autoconsumo, subvencionando con muy importantes cantidades su desarrollo pero con un perfil único de producción y de mantener el estatus del sistema existente y, por tanto, alejado de una evolución hacia una generación distribuida y protagonizada por un nuevo agente: el consumidor/productor.

Ambas posiciones han sido avaladas por el oligopolio eléctrico ya que ambas defiendes sus intereses y, por lo tanto, no cambian las estructuras existentes y les permiten controlar el desarrollo del sistema eléctrico.

La ausencia de una estrategia energética como país permite hacer planteamientos alejados de unos principios y de unos objetivos y, así, retrasar el  desarrollo del autoconsumo justificándolo mediante un problema de costes para el sistema eléctrico, planteamientos que solo se pueden hacer hacia España ya que no serían admitidos en el contexto energético europeo.

El regulador dispone de toda la artillería necesaria para implantar el autoconsumo de  manera que defienda el interés general, baste decir que los tres principios de sostenibilidad que conforman la estrategia energética europea: suministro, ambiental y económico; van incorporados en el ADN del autoconsumo.

Algunos de los débiles argumentos que esgrimen los que no impulsan la implantación a corto plazo del  autoconsumo los podemos encontrar en publicaciones de la Fundación FAES:

El consumidor deja de pagar parte de los costes fijos por la energía autoconsumida, lo que supone una subvención implícita y un incentivo ineficiente para sus promotores”
“Los costes fijos que los consumidores dejan de pagar por el autoconsumo no desaparecen del sistema, de modo que se tendrán que recaudar del resto de los consumidores para cumplir el principio de suficiencia tarifaria”
“La propuesta de Real Decreto de autoconsumo de julio de 2013 proponía establecer una tarifa de respaldo sobre la energía autoconsumida que recuperara la parte de costes fijos que se dejan de ingresar”
“Los altos precios de la electricidad están distorsionando las decisiones de consumo, haciendo que el sistema eléctrico esté perdiendo competitividad respecto a otras formas de energía, incluido el autoconsumo”
“El autoconsumo no se debe ver como una cuestión de consumidores contra el sistema ni contra las empresas eléctricas del sistema, sino como una cuestión de reglas equitativas en un mercado correctamente diseñado”

Todos los párrafos anteriores podrían haberse escrito por la patronal Unesa actual representante de la defensa de los intereses del oligopolio.


Los que se consideran abiertamente defensores de la implantación del autoconsumo no aportan la definición de los cambios estructurales que estarían dispuestos a realizar, ya que el alcance de los mismos marcará, sin duda, una nueva etapa en el sistema energético español en el caso de llevarse a cabo, con la consiguiente y necesaria ruptura del oligopolio actual.

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