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lunes, 20 de julio de 2015

Garoña, la constatación de la necesidad de cambios estructurares reales



Este fin de semana, un medio de comunicación dedicó su suplemento dominical de los negocios a ilustrarnos sobre la situación que atraviesa nuestro órgano regulador: la CNMC (comisión nacional del mercado de la competencia), en artículos con los siguientes titulares:

Un mercado con trampas

¿Dónde están los carteles? “En todas partes”, cree el economista Amadeo Petitbò

En los últimos cinco años se han destapado hasta 37 carteles
La rivalidad en una economía dominada por grandes firmas
Regulación Independiente
Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no funcionan se debe a dos razones principales: ni son verdaderamente independientes, sustentados sobre bases técnicas capaces y orientadas por vocales políticos “de reconocido prestigio” ni los poderes públicos han delegado en ellos una capacidad suficiente de acción. Por lo tanto, están predeterminados al fracaso. En su mejor versión, se limitan a actuar como denunciantes de disfunciones en los mercados; en el peor, se refugian en el silencio.
El modelo de regulación puesto en marcha por el Gobierno Rajoy no ha funcionado; y que el Gobierno que venga tendrá que cambiar profundamente las bases de la regulación.

El cierre unilateral de la Central Nuclear de Garoña por parte de sus propietarios, propició un expediente sancionador por parte de la CNMC, cuya lectura pone al descubierto la situación real del sistema eléctrico en cuanto a la relación entre: Política, Órgano Regulador y Oligopolio Empresarial.

Desde el plano político, Garoña ha sido utilizada como el símbolo ideológico de dos formas, por cierto caducas, de entender la política energética: la defensa de las renovables, por una parte, contra la defensa de los nuclear, por la otra parte, Garoña se consideró que era la batalla que había que dar políticamente, la batalla se centró en la fecha de cierre. Los que ostentaban el poder fijaron el cierre en: julio 2013, la oposición consideró reabrir esa fecha con su llegada al poder.

Otra de las batallas políticas que tuvimos que presenciar fue la de cambio de la estructura regulatoria, no en busca de una independencia del poder político, sino todo lo contrario para poder cambiar a los responsables de los mismos al no coincidir en el tiempo con el partido en el poder.
En diciembre del 2012, a raíz de los cambios que la administración introduzco con el objetivo de eliminar el déficit existente en el sector, Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, que a su vez es propiedad de las dos principales empresas oligopolista, decidió unilateralmente cerrar Garoña y la cerró sin más contemplaciones.

La CNMC en su expediente sancionador, de una dureza inusual, hace afirmaciones del siguiente alcance:

Nuclenor era conocedora de todas las consecuencias que podrían derivarse de su actuación y pudo elegir todas las medidas de estrategia empresarial que estaban a su alcance. En este contexto optó por seguir la estrategia de cerrar la central antes de finalizar el año, con pleno conocimiento de los riesgos que asumía (la posibilidad de que le fuera impuesta sanción de hasta 30.000.000 de euros) y de los riesgos que evitaba (el coste fiscal de mantener la central abierta hasta su fecha prevista de cierre, que evalúa en más de 150.000.000 de euros)
…………
De lo anterior resulta que NUCLENOR actuó en fraude de Ley. Dicha figura, prevista en el art. 6.4 del Código Civil, establece que “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

Por último, lo que cierra y sorprende sin límites es el hecho de la cuantía de la sanción impuesta a Nuclenor, al modificarse el alcance de las multas con posterioridad al cierre de Garoña, fijándose en 18,5 M€ en lugar de los 30 M€ establecidos con anterioridad por la ley.

No parece existir ninguna duda de cuál es la relación de poder entre los tres agentes involucrados, a raíz de lo conseguido por uno de ellos con su actuación en fraude de ley por la decisión de un Consejo de Administración que representa los intereses de los propietarios que son dos empresas cotizadas y que forman parte del oligopolio eléctrico.



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