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jueves, 22 de noviembre de 2012

Las Medidas Necesarias anteriores a una Liberalización de las TUR (tarifas de último recurso)

Para los consumidores eléctricos que están actualmente sujetos a una tarifa en baja tensión, menor de 10KW de potencia contratada, tienen derecho a una tarifa regulada como medida de protección ante un mercado en el que no se da la condición de ser competitivo y, por lo tanto, su pretendida apertura, sin crear las condiciones que generen competencia, es llevarle a una completa indefensión, produciéndose el efecto contrario que se debería querer conseguir, es decir, que el consumidor se vea favorecido. 
Por otra parte, durante el presente año se han tomado una serie de medidas, orientadas a conseguir el objetivo de un déficit cero para el año 2013, que afectan tanto a los ingresos como a los costes del sistema y que obligan a una definición nueva de los términos que compondrán la tarifa de acceso y conocer la repercusión que tendrán las tasas que se están aprobando sobre el precio de la energía.
Llama la atención que ante los argumentos esgrimidos por el regulador, en la línea de exigir cambios y acciones antes de acometer la liberalización del mercado minorista, se alcen voces desde el mismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo, anunciando una inmediata liberalización que ha sido rapidamente secundada por las empresas eléctricas.
Repasemos y sinteticemos los argumentos de la CNE sobre el segmento de mercado minorista:

En estos momentos no se dan las condiciones de competencia que se consideran suficientes para reducir el umbral de la tarifa de último recurso, y esto es coincidente en el tiempo con una reestructuración de las tarifas de acceso, para que éstas alcancen la suficiencia, y con una demanda doméstica que no es sensible a la señal de precio horario (bien porque no tiene los instrumentos necesarios para ello –contadores inteligentes y peajes de acceso por periodos- o bien, por su tradicional desconocimiento de un producto que es percibido como un servicio básico de precio relativamente reducido).
Por lo anterior sería necesario:
Con el fin de aumentar la transparencia y comparabilidad de las ofertas comerciales e incentivar la participación activa de los consumidores en el mercado, en el caso de que se apreciase una dificultad creciente para el consumidor de llevar a cabo una comparación entre las ofertas disponibles, cabría obligar a las empresas comercializadoras a ofrecer al menos un servicio básico, sin productos añadidos al suministro de gas o de electricidad, o la obligación de proporcionar, al menos, una oferta simple de gas o de electricidad en el comparador de precios de la CNE. Asimismo, cabría mejorar y difundir el comparador de precios de la CNE y promover procesos de switching colectivo.
Adicionalmente se propone transponer, en los términos establecidos por la Directiva, como herramienta potencial y si así fuera necesario, la posibilidad de que se asigne a la CNE la facultad de proponer programas de cesión de energía, entre ellos las subastas de capacidad virtual, como medida para, en su caso, disminuir la integración vertical y fomentar el mayor desarrollo en comercialización.
Y en resumen indica:

En conclusión, la transición a un modelo de mercado minorista sin precios regulados no depende de unas condiciones aisladas, sino de la implementación de un amplio conjunto de medidas coherentes de supervisión efectiva, funcionamiento eficiente de mecanismos de contratación y switching, así como de la participación activa de los consumidores. Entre las condiciones necesarias para que, cuanto antes, pueda realizarse esta transición, cabe reseñar las siguientes:
Determinar el marco regulatorio que garantice la sostenibilidad económico-financiera del sistema, acorde con la aplicación de las medidas regulatorias propuestas en la PARTE I (para sector eléctrico) y en la PARTE II (para el sector gasista) del informe, y definir la fórmula de financiación de los déficits transitorios hasta obtener la convergencia de los peajes de acceso. Paralelamente, una vez que se establezcan los costes que deben incorporarse en los peajes de acceso, dichos precios deberán determinarse a partir de una metodología asignativa de costes, que sea objetiva y estable en el tiempo y permita avanzar hacia un escenario de suficiencia de los peajes.

• Aprobar los proyectos de Reales Decretos que modifican el Real Decreto 1955/2000 y el Real Decreto 1434/2002, ya informados por la CNE, en particular en cuanto a: regulación de los procedimientos de switching y capacidad de la CNE de dictar instrucciones a OCSUM, revisión y aclaración de las obligaciones de los comercializadores y derechos de los consumidores en relación con el suministro y sistema de gestión de las reclamaciones.

• Adoptar medidas para aumentar el grado de capacitación de los consumidores, tales como la mejora y difusión máxima del comparador de precios y la promoción de procesos de switching colectivos por parte de los consumidores domésticos, teniendo en cuenta que el primer cambio de suministrador tiende a ser el más importante para el cliente.

• Reforzar las potestades de la CNE en el ámbito de la supervisión de los precios finales minoristas de gas y electricidad, dotando al regulador de capacidad de dictar instrucciones y de control sobre las ofertas que se consideren excesivas

Ante la contundencia de los argumentos esgrimidos por el Regulador, recogidos en el informe de marzo de este año sobre la Reforma Regulatoria,  y siendo  el mejor conocedor de la situación del mercado, cabría preguntarse qué es lo que se pretende acometer que no vaya en la línea de lo expuesto.
Para una mejor comprensión del alcance que puede tener una liberalización total o parcial del segmento minorista de mercado eléctrico, analicemos su dimensión, tanto desde el lado de la oferta como el de la demanda y el volumen económico en juego.
En 2010 la demanda final de electricidad se situó en 244.239 GWh y el número de consumidores superó los 27 millones.
La composición de la demanda de electricidad en términos de energía revela un reparto de aproximadamente el 50% entre consumo en alta tensión, principalmente de tipo industrial, y consumo en baja tensión, principalmente de consumidores doméstico-comerciales y de PYMES. Por otra parte, éstos representan más del 99% del número total de consumidores.
Por el lado de la oferta hay cinco agentes, CUR: comercializadores de último recurso, que son: las cinco grandes compañías eléctricas. En el año 2010, ENDESA e IBERDROLA sumaban una cuota de mercado minorista del 77%.
Si bien, el mercado eléctrico, en el año 2011,  representó en el entorno de 34.000 millones de euros, repartiéndose prácticamente al 50% los ingresos por peajes, costes fijos del sistema y el otro 50% por el precio de la energía. La asignación de precios no es uniforme para el segmento minorista, estando desnivelado tanto en energía como en peaje, lo que de alguna manera nos indica que es lo que está en juego para la parte ofertante y la dimensión que tiene para los demandantes.
Fijando un consumo de: 70,87 TWh en el segmento  de BT con Potencia contratada igual o menor de10KW y con un precio medio ( junio 2012) de: 180,42 €/MWh ( sin impuestos) resultaría un volumen de negocio de aproximadamente: 12.786 M€ que supondría un 38% del total del sector eléctrico.
Los demandantes de la energía anterior corresponderían a 26.179.171 consumidores de los cuales en junio 2012: 18.561.426 corresponderían a contratos con tarifas TUR.
Por otra parte, la variación de precios de las tarifas TUR, es la que se muestra en el cuadro superior, hay que recordar que esta tarifa, antes de impuestos, es la más cara de la UE si excluimos a Chipre y Malta.
La política energética europea tiene como objetivo garantizar el suministro de energía para empresas de la UE y de los hogares a precios asequibles, estar el primero del ranking no es precisamente cumplir con esa política energética y, en menor medida, si se pretenden acometer reformas en las que el consumidor este totalmente desprotegido ante mercados en los que no se den las condiciones mínimas de transparencia y competencia.
Medidas como la organización de los consumidores para propiciar las compras colectivas y los switching colectivos, a semejanza de los movimientos del Reino Unido, Holanda y Belgica. Medidas como regular el autoconsumo con balance neto. Medidas como propulsar la ruptura de barreras para la entrada de las empresas de servicios energéticos, todas ellas irían en línea con la política energética de la UE, que no es otra que la de favorecer al consumidor de energía.
 

 

 

 

 

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