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martes, 26 de octubre de 2010

EL TERCER PAQUETE LEGISLATIVO DE LA UE Y LAS REDES DE DISTRIBUCION INTELIGENTES

Dentro del panorama actual, destaca la escasa presencia en el debate del sector eléctrico español, de la necesidad urgente de la implantación de las redes de distribución inteligentes y máxime en un país como el nuestro que ha tenido un sorprendente desarrollo en el campo de la generación distribuida y necesita este tipo de infraestructuras para los planes que ha establecido en los campos de las energías renovables , de ahorro y eficiencia energética y coche eléctrico.

Todo lo contrario de lo que se impulsa desde la UE, allí se ha creado precisamente un: TASK FORCE FOR THE IMPLEMENTATION OF SMART GRIDS INTO THE EUROPEAN INTERNAL MARKET.
Desde el citado grupo, se ha hecho mención del impulso que se quiere dar a estas infraestructuras en las directivas correspondientes al denominado “Tercer Paquete Legislativo” y pone su acento en los siguientes artículos: 25.7/3.1/3.2/3.10 y Anexo I de la directiva 72/2.009
Por su relevancia en el desarrollo de las redes inteligentes, es de resaltar el artículo 3.2, que dice:

En el pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su artículo 86, los Estados miembro podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como ala protección del medio ambiente, incluidas la eficiencia energética, la energía procedente de fuentes renovables y la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Comunidad el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. En relación con la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la gestión de la demanda, y con miras al cumplimiento de objetivos medio ambientales y de objetivos en materia de energía procedente de fuentes renovables, mencionados en el presente apartado, los Estados miembros podrán establecer una planificación a largo plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros quieran acceder a la red.

Dicho con otras palabras, el monopolio natural de las redes de distribución, no solamente deben permitir el libre acceso de los agentes, sino que también se consagran como servicio público para desde esa posición poder conseguir los objetivos estratégicos energéticos que se ha marcado la UE y por lo tanto, interpreto que se podrían acometer las inversiones necesarias que garantizasen ese servicio público por la propia administración correspondiente, permitiéndose por lo tanto una reordenación de las concesiones administrativas que son totalmente obsoletas en la configuración territorial del estado español.

No solamente es necesario que actúe Europa, deberá haber  un protagonismo de los agentes de nuestro país, así como una voluntad manifiesta de la necesidad de acometer los necesarios cambios estructurales, la posición de la administración, de actuar de otra forma, puede hace dejación de sus responsabilidades en lo que respecta a los servicios públicos que son necesarios para el correcto desarrollo de nuestro sector.

Por otra parte el regulador español, en su documento denominado: INFORME SOBRE LAS IMPLICACIONES DERIVADAS DE LA APROBACION DE LA NUEVA NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, no contempla la posición y existencia del citado grupo de trabajo.







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