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miércoles, 21 de septiembre de 2016

CONSULTORAS, COORDINADORES Y PROMOTORES EN EL PACTO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA (PdA)




Las consultoras vienen jugando un papel importante en España en la elaboración de los PAES/SECAP para los municipios que se adhieren al PdA. 

Un ejemplo que puede ilustrar esta situación bien puede ser la de un municipio de la Comunidad de Madrid que contrató recientemente a una consultora solicitando sus servicios bajo el siguiente título: 

Preparación documentación Pacto de los Alcaldes, acuerdo del pleno 30/10/2015, contratado con fecha 17/06/2016 por un importe de 8.857 €.

En ciertos municipios parece haber una cultura de hacer una contratación externa cuando se entiende que no existe el conocimiento necesario en la estructura existente, o bien, no existen la disponibilidad de medios para acometer ese trabajo.

Por otra parte, se sobreentiende que un municipio que aprueba en un pleno su adhesión a un proyecto de la entidad del PdA, es porque cuenta con la información suficiente para la toma de esa decisión, o bien, está soportado por lo que en el PdA se han denominado: Coordinadores del Pacto y Promotores del Pacto.

Coordinadores del Pacto en España son 28 que se pueden agrupar por: Diputaciones, Regiones, provincias. Los 28 coordinadores existen agrupan aproximadamente a 2301 municipios firmantes, según la web europea del PdA.

Los ‘Coordinadores del Pacto’ son las administraciones públicas que ofrecen orientación estratégica, además de apoyo económico y técnico, a los municipios que firman el Pacto de los Alcaldes, pero carecen de las capacidades o los recursos necesarios para cumplir los requisitos.

Promotores del Pacto en España son 8 destaca dos entidades: Xarxa de Ciutats con 180 firmantes y la Comarca de Gerona con 169 firmantes, el resto no son significativos, aunque destaca la Federación de Municipios con tan solo 4 firmantes y la Federación de Municipios de Madrid con ningún firmante.

Se define como Promotores del Pacto a las redes y asociaciones de autoridades locales y regionales, agencias locales y organizaciones sin ánimo de lucro decididas a respaldar a los firmantes del Pacto en sus áreas de experiencia a los diversos distintos de gobierno, como europeo, nacional, regional y local. Los Promotores aprovechan sus actividades en materia de defensa, redes de contactos y comunicación para promover la iniciativa del Pacto de los Alcaldes y apoyar los compromisos de sus firmantes.

En España, como se puede observar en los datos anteriores, las administraciones están soportando de manera amplia a la inmensa mayoría de municipios que se adhieren al PDA. Esto es así, preferentemente, en toda la cornisa mediterránea y en las regiones andaluza y vasca, no habiéndose desarrollado en regiones como Madrid y otras de clima continental.

Podemos sacar dos conclusiones, en primer lugar, que los servicios externos que contraten los municipios deberán ser diferentes en función de estar arropado por un ente coordinador o no, y, en segundo lugar, una posible escasa información y conocimiento por parte de la administración del municipio que no cuente con el soporte de un coordinador al no contar con los medios apropiados.

La función de una consultora, en el segundo caso, debería ser, en primer lugar, la de cubrir la laguna de información y conocimiento que razonablemente tendrá el municipio al encontrase sin un expertis previo, pero habiendo decidido adherirse al PDA.

En el caso de ser así en el ejemplo que hemos expuesto, la prioridad de ese municipio sería abordar con la ayuda de la consultora, la fase denominada Estrategia que abarcaría lo siguiente:
  • Visión
  • Objetivo (s) de reducción de emisiones
  • Objetivos de adaptación,
  • Las funciones del personal
  • Capacidad financiera
  • La participación de las partes interesadas y los ciudadanos

En el primer apartado, la visión, se demanda definir a largo plazo el cambio climático y la energía sostenible del municipio en cuestión. Deberá incluir, los principales hitos, los sectores prioritarios, los resultados: sociales, ambientales y económicos, así como, los beneficios y oportunidades.

Ante un proyecto de larga duración, tal como es el PdA, y que además cuenta con largas etapas de seguimiento y redefinición, es imprescindible informar por parte de las consultorías de la complejidad del proyecto, siendo aconsejable dedicar todo el tiempo que sea necesario para conseguir una estrategia de partida que involucre tanto a la administración como a los ciudadanos y las partes interesadas.



martes, 20 de septiembre de 2016

COMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE LOS ALCALDES CON LA PARTICIPACION CIUDADANA



El inicio del Proyecto: Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, es sin duda muy problemático por el cambio de cultura que va a suponer para el municipio, así como, por la necesidad de crear estructuras dotadas con los medios necesarios para que cubran el desarrollo de las fases de las que constará el proyecto: inicio, planificación, implementación y seguimiento e información.

Para los municipios adheridos con posterioridad a octubre del 2015 la complejidad se acentúa al añadirse la “adaptación” al alcance del proyecto que anteriormente constaba solamente de la mitigación, existiendo una interrelación entre ambas partes que debería ser objeto de análisis.
El documento denominado: PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible) donde se concretará, según un modelo prefijado, todas las acciones necesarias para cumplir los objetivos de reducción de emisiones mediante la eficiencia energética y el uso de energía renovables, pasa a denominarse: SECAP (The Conenant of Mayors for Climate and Energy), en el que lógicamente la parte correspondiente a la mitigación básicamente se conserva completándola con la interrelación con la adaptación.

Dada la mayor complejidad indicada se cambia el tiempo previsto para la elaboración del Plan de Acción, incrementándose en un año más y, por lo tanto, se dispone en principio de dos años para la elaboración del SECAP desde la fecha de adhesión al pacto.

Existen dos guías de ayuda para la elaboración de los Planes de Acción, ambas elaboradas por JRC (European Commission), la correspondiente a la SECAP, versión 1, es de fecha julio 2016, lo que muestra lo reciente de esta versión del Pacto de los Alcaldes y la otra correspondiente al PAES.
Se ha elaborado una planilla, provisional, para elaborar la SECAP, en la que figura como primera etapa: la estrategia dedicada tener una visión de: objetivo de reducción de las emisiones globales de CO2 (s), los objetivos de adaptación, la designación del personal y de la capacidad financiera y la participación de las partes interesadas y los ciudadanos.

En la fase de inicio del PAES, se abordaba las etapas correspondientes a: adaptación de las estructuras administrativas municipales y crear el apoyo de las partes interesadas. El SECAP introduce una metodología diferente al incluir en esta primera fase del proyecto los elementos indicados en el párrafo anterior. en la fase de estrategia. Lo anterior enriquece sin duda el desarrollo del proyecto al ponerse en relieve la definición del alcance del proyecto, así como, los aspectos de medios humanos y financieros, sin los cuales es imposible desarrollarlo.

La utilización de la mayor cantidad de recursos del municipio, es decir,funcionarios o personal afín, ciudadanos y partes interesadas, ofrece la ventaja de disponer de una autoría del proyecto, de reducción de costes y de apoyo paras la completa materialización del SECAP. Los recursos asignados puedes ser altamente positivos desde un punto de vista financiero, ya que repercutirá en una reducción en el consumo de la energía, el acceso a fondos europeos para el desarrollo del proyecto en los campos de la eficiencia energética y producción de energías renovables.

Hay que resaltar que la complejidad del Proyecto queda evidenciada al considerarse necesario una duración de dos años para la definición del proyecto, un objetivo alcanzable en el año 2030 con proyección para el 2050, y una gestión multiproyecto al ser cada acción contemplada en la SECAP como un proyecto en sí mismo que afectará a un determinado colectivo, bien ciudadano, parte interesada o la propia administración.
Para acentuar la necesidad de priorizar la participación de las partes interesadas y de los ciudadanos, así como dar a conocer la envergadura del proyecto en el que se embarca el municipio, se hace necesario recordar los elementos claves del proyecto que aparecen en la guía PAES y son


  • Conseguir el apoyo de las partes interesadas: con apoyo al PAES, ¡nada debería detenerlo! Merecen especial atención los intereses en conflicto de las partes interesada
  • Asegurar un compromiso político a largo plazo
  • Lograr unos recursos financieros adecuado
  • Integrar el PAES en la vida diaria y en la gestión del municipio: no debería quedarse en otro maravilloso documento, sino que debería pasar a formar parte de la cultura corporativ
  • Garantizar una correcta gestión durante la fase de implementació
  • Asegurarse de que el personal posee las aptitudes adecuadas, y, si es necesario, ofrecer formación
  • Aprender a concebir e implementar proyectos a largo plazo
  • Investigar de manera activa, y sacar partido a la experiencia y a los errores de otras ciudades que han desarrollado un PAES

Dar respuesta a las cuestiones anteriores, es sin duda el primer paso para una adecuada concepción del proyecto que se quiere abordar, es incuestionable, que no se trata de elaborar un documento, se trata de luchar contra el cambio climático desde la órbita local, como mejor método para conseguir el objetivo global firmado por la mayoría de los países de la Tierra.La creación de una oficina de lucha contra el cambio climático es una interesante manera de abordar lo indicado anteriormente.

miércoles, 27 de julio de 2016

EL CLIMA Y LA ENERGIA EN LOS MUNICIPIOS A TRAVES DE LA PATICIPACION CIUDADANA (EL PACTO DE LOS ALCALDES)




Adherirse al Pacto de los Alcaldes para cualquier municipio marca un hito en el desarrollo de esa ciudad, así como en la educación y sensibilización de los ciudadanos ante el Cambio Climático y la Gestión de la Energía que demandan.

Con la firma del Pacto, el Municipio se dirige por la senda de: la mitigación del cambio climático, la adaptación y la energía sostenible, con el objetivo ambicioso de conseguir un entorno estable económico, social y medioambiental para las generaciones actuales y futuras.

Con la firma del Pacto, el Municipio conseguirá la mejora de la calidad de vida, el incremento de la inversión, la innovación, el impulso de la economía local y la creación de empleo, así como el refuerzo de la participación y cooperación de las partes interesadas.

El eje principal, sobre el que basculan todas las acciones que deberá emprender el Municipio para desarrollar el Pacto de los Alcaldes es el de: “El empoderamiento de los ciudadanos como consumidores clave de energía, prosumidores y participantes en un sistema energético responsable” Por tal motivo conseguir la participación ciudadana alineada en la lucha contra el Cambio Climático, con la transición energética y en la proposición de iniciativas ante el Ayuntamiento, que permitan implantar una participación activa de todos los agentes locales involucrados en el proyecto.

Mediante la participación se conseguirá que el Proyecto que se inicia con la adhesión al Pacto de los Alcaldes sea un Proyecto del Municipio, en el que se pretende involucrar a todo el conocimiento local que sea útil. Para conseguir el objetivo que deberá alcanzar el Proyecto, se hace necesario que el alcance del mismo sea acordado por todos, ya que es la mejor garantía de que será implementado también por todos. Para que el Proyecto revierta en los ciudadanos es necesaria la participación, mediante cualquiera de las vías: ampliar sus conocimientos y/o su deseable involucración en el mismo.

Todo el Proyecto que hay que diseñar para luego desarrollarlo, está totalmente definido y, por lo tanto, se trata de utilizar todos los procedimientos y herramientas que ha desarrollado la Unión Europea, patrocinadora del Pacto de los Alcaldes, para adaptarlos a la realidad del Municipio y al objetivo de reducción de CO2 que se defina para el año 2030.

Para impulsar la participación una buena estrategia es la creación de la Oficina contra el Cambio Climático, conjuntamente con un Plan de Participación Ciudadana, se conseguiría definir un lugar físico para el encuentro de los ciudadanos.
El Ayuntamiento conseguirá con la creación de la Oficina Contra el Cambio Climático dirigir el proyecto con los medios propios y todos los que se aporten vía la participación ciudadana, que redundará en desarrollar un Proyecto del Municipio para el Municipio.
Mediante el consenso político, la Ofician Contra el Cambio Climático y la amplia participación ciudadana se conseguirá un Proyecto Modélico de Todos para Todos.

La participación ciudadana redundará en un beneficio inmediato para los ciudadanos, al crearse unos foros de información que le permitirán adquirir y contrastar con sus convecinos, los medios necesarios para la gestión de la energía que demandan, pudiendo conseguir ahorros económicos importantes, así como procedimientos para evaluar alternativas eficientes en sus edificios y el uso de energías limpias.


El Pacto de los Alcaldes tiene otros posibles planos para enfocarlo, pero no hay duda que sin un Plan de Participación que marca el camino para el empoderamiento del ciudadano y la promoción de los denominados: “prosumidores” el municipio no entrará en la senda de la lucha contra el cambio climático

viernes, 8 de julio de 2016

El Secretario de la Energía (7-07-2016)


El señor Alberto Nadal, actual secretario de la energía, y que según parece no está en “funciones “a tenor de que en los medios no se le denomina así, ni tampoco, está en funciones, por su propuesta publica de: un Pacto de Estado para abordar la transición energética.

Y no es que no sea necesario el tal Pacto de Estado, todo lo contrario, es urgentemente necesario, al igual que la coherencia de los actos de aquellos a los que se les deposita la responsabilidad de una secretaria de energía. No es coherente ni de recibo que, en la anterior legislatura se implantase una política energética con un único objetivo: solucionar el déficit eléctrico, independientemente de más considerandos, con una relación inexistente entre actores políticos ni agentes del sector energético, con las salvedades oligopolisticas tradicionales y el mismo autor de aquella estrategia monocolor nos salga, en pleno periodo negociador de gobierno, con una propuesta de tal calibre. Simplemente, muestra una total falta de su coherencia energética y de su coherencia en sus actuaciones desarrolladas durante los últimos casi cuatro años.

Es bastante probable que veamos la consecución del citado pacto de estado y, por consiguiente, un cambio de rumbo de la política desarrollada en la legislatura anterior y, de ser así, no creo que nadie pueda pensar que la persona adecuada para pilotar y conseguir un modelo de transición energética pueda estar en la figura del actual secretario de energía, simplemente es incoherente.

El señor Alberto Nadal explicito, ayer 7/7/2016, una transición energética hacia un modelo basado en renovables, con un papel fundamental del gas, “sea segura” y “sin incertidumbres “
Posición totalmente coincidente, como no podía ser de otra forma, con la expresada recientemente por el presidente del Grupo Gas Natural Fenosa en su intervención en unas jornadas en la universidad Menéndez Pelayo en Santander, parece ser que ambos se posicionan con la fuente primaria: gas, mezclado con seguridad y certidumbre. En el segundo caso es lógica su posición defiende los intereses que representa, en el primer caso no está nada claro que defienda unos intereses generales, como sería su obligación, por otra parte.

En el artículo de la periodista Carmen Monforte donde relata la intervención del Secretario de Energía entrecomilla los siguientes puntos:
Opina que la eólica y la solar son las que tienen mayor futuro pues “España tiene recursos abundantes” “Esta llamada a ser una potencia mundial en este tipo de tecnologías” “Futuro brillante como país” pues los “desarrollos tecnológicos están de nuestra parte”


Cabe preguntarse y, sobre todo preguntarle al Secretario de Energía, cuando ha caído en tales consideraciones y, por lo tanto, qué análisis hace de sus actuaciones y, en concreto, del autoconsumo con balance neto.

viernes, 10 de junio de 2016

La Energía es necesaria y recomendable para tomar una posición Política


Uno de los capítulos que los partidos aspirantes a gobernar deberían hacer transparentes a los ciudadanos es su posición sobre la Energía. Posiblemente, la preocupación de una mayoría de ciudadanos en este campo se refleje únicamente en el precio, cuestión por otra parte no menor, y máxime si se está produciendo trasvase de rentas de los consumidores hacia otros agentes del sector.

Hoy por hoy, la Unión Europea ya se presenta ante los ciudadanos europeos en este campo con una etiqueta de: Clima y Energía, y, por lo tanto, ya no basta, para estar educado energéticamente, hablar solo de precio, hay otros componentes, tan válidos e importantes, uno es el clima, el cambio climático. Podemos añadir un tercer elemento, que se hace también imprescindible, tal es, la fuente de energía y ésta desde dos posiciones: una la dependencia energética y otra la garantía de suministro y, como no, su incidencia en la lucha contra el cambio climático.

Un ciudadano europeo, puede, por tanto, para sus decisiones de consumo energético hacerlo desde: el precio, el clima, la fuente de suministro y, claro está, por una combinación de las tres posiciones.

Todo lo anterior que es fácilmente comunicable, con escasa ideología por medio, se encuentra para su desarrollo con un entorno hostil y escasamente eficiente, motivado por ser un entorno con las atribuciones de: estado clientelar; normas confusas y cambiantes; incumplimiento de las leyes, tanto por la administración como por los principales agentes del sistema; inseguridad jurídica; escasa calidad de la regulación y su control por los organismos encargados de ejercerlo; no favorecer el interés general a favor de minorías, en resumen ser un entorno definido como: estado clientelar, entorno que se hace imprescindible modificar, como condición, para desarrollar una transición energética ligada al clima y al suministro y en el que el consumidor se convierte en el eje del nuevo sistema, figura que se refuerza con su conversión en: “prosumidores”, un término bien formado en español a partir de productor (o profesional o proveedor) y consumidor, y que puede sustituir al anglicismo prosumer.


jueves, 9 de junio de 2016

Incremento del coste de las actividades reguladas en el sector eléctrico (en la prórroga, sin ministro y en funciones)


Parece ser que nos encontramos en la encrucijada de quien firma la orden ministerial para la nueva retribución a la actividad regulada de distribución eléctrica. Si bien es verdad que tiene su morbo por aquello de las “puertas giratorias” y que pueda imposibilitar, la firma, un puesto en alguna de las empresas afectadas, no es menos cierto que ese no es ni de lejos el “quid” de la cuestión.

Hay tres cuestiones a resaltar en este asunto:
  • La fecha y las circunstancias de su aprobación
  • La cuantía de la misma y su impacto en las tarifas
  • El papel de la red de distribución en el medio plazo
La fecha y las circunstancias de su aprobación

La dimisión del que fue ministro de energía durante toda la legislatura, su no sustitución por estar el ejecutivo en funciones, la ocupación de los asuntos del ministerio por el titular de economía, su condición de exconsejero de la 1ª eléctrica del país, su negativa a firmar la orden, el coincidir con un nuevo periodo electoral, la total disparidad entre el gobierno en funciones y el resto de partidos, hacen de esta aprobación de la norma de retribución, tanto a la distribución como al transporte, de altamente preocupante e inoportuna.

La cuantía de la misma y su impacto en las tarifas

En la tabla que se adjunta, se puede observar los alcances económicos y las empresas principales que se ven afectadas en el área de distribución, en lo que respecta al transportista y operador del sistema, el monto de incremento es de: 100 M€ aproximadamente. 


ANTERIOR (M€)
PROPUESTA  (M€)
% INCREMENTO
ENDESA
1976
2013
1.8
IBERDROLA
1589
1647
3.5
GAS NATURAL
728
733
0.6
HC
153
183
18
VIESGO
154
150
-2.6
TOTAL
4600
4726
2,74


El papel de la red de distribución en el medio plazo

Hemos recuperado algunos de los posts que se han publicado en este blog acerca de la red de distribución, nuestra visión siempre ha sido de considerarla una pieza clave para asegurar y contribuir a un tránsito del sector eléctrico, la creación de la figura del operador de distribución, DSO, independiente del propietario de la red, el protagonismo de las comunidades autónomas, el relanzamiento de las inversiones, como estrategia energética y económica del país, son algunos de los temas que se tratan en los artículos siguientes:
  1. La Red de Distribución la Aliada del Cambio Estructural Necesario en el Sector Eléctrico
  2. El Foco en la Red de Distribución Eléctrica
  3. Consecuencias de una Presidencia Política en Red Eléctrica de España (REE)
  4. MICRORREDES Y ESE(S
  5. La Reforma del Sistema Eléctrico no pasa por la Nacionalización
  6. HAMBURGO UN MODELO A SEGUIR EN LA ACTUAL ENCRUCIJADA ELECTRICA/ENERGETICA ESPAÑOLA
  7. ACE (Asociación de Consumidores Eléctricos) Propone DSO(s) independientes
  8. LA CONSTANTACION DE UNA REALIDAD POR EL NUEVO CONSEJO DE LA CNE
  9. AUTOCONSUMO: del RD 1699/2011 al RD 900/2015 pasando por la ley 24/2013
  10. Las Inversiones en el mercado eléctrico regulado
  11. EL NUEVO SISTEMA ELECTRICO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
  12. EL APUNTAMIENTO DE LA CURVA DE REQUERIMIENTO EN EL INFORME DE LA SUBCOMISION DE ENERGIA. UNA OPORTUNIDAD ACTUAL PARA LAS EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGETICOS.
  13. REE Y LA DIMENSION DE SU RED DE 400 KV, INFORME DEL: Electric Power Research Institute (EPRI)
  14. LA ENERGIA ELECTRICA DESPUES DEL 26J
  15. ¿COMO REORDENAR EL SISTEMA ELECTRICO ESSPAÑOL
  16. La Sensatez Energética de la Comunidad de Aragón (consulta pública)
  17. No todo vale, tampoco en Energía Solar (II)






lunes, 23 de mayo de 2016

Lo que no puede ser y si lo es en el consumo energético


Aparece en los medios la noticia de la sanción impuesta por la CNMC a una comercializadora de gas/electricidad. Tanto la comercializadora como la distribuidora de gas en la Comunidad de Madrid son bien conocidas por sus consumidores por toda una serie de situaciones ajenas a ellos, que le ha conducido por un camino que no ha sido beneficioso para los intereses de esos consumidores y, si, a los de las empresas comercializadoras y distribuidora, actuando conjuntamente de manera perturbadora para el consumidor.

Para documentar, lo anterior, baste recoger la síntesis de los hechos probados en el documento sancionador de la CNMC, son los siguientes:
  • ü  obtuvo el consentimiento de clientes para la contratación mediante métodos fraudulentos, sin contar con el debido consentimiento,
  • ü  emitió facturas a consumidores pese a no haber aportado al expediente el soporte documental relativo a la contratación con dicho cliente,
  • ü  no resolvió eficazmente las reclamaciones planteadas por los clientes afectados,
  • ü  no atendió con celeridad peticiones de baja del suministro o de desistimiento del contrato en los casos de dichos clientes,
  • ü  amenazó con cortes de suministro a dichos clientes, motivando en algún caso el pago de facturas injustificadas para evitar el corte,
  • ü  dilató de forma injustificada la desactivación del cambio en caso de esos clientes, de modo que tardaron meses e incluso más de un año en ciertos casos, hasta la solución definitiva,
  • ü  remitió en muchos casos a esos clientes a teléfonos de pago.

Imaginarse el calvario de los consumidores afectados ante los hechos anteriores, pone los pelos de punta a cualquiera y, máxime, si tiene en cuenta que en el caso de la distribución son concesiones administrativas y en el caso de las comercializadoras su fundamento son sus clientes.

Pero lo que resulta insoportable para los consumidores que nos acercamos al conocimiento de los hechos es la propia resolución de la CNMC y no porque no sea ajustada a derecho, sino porque ese derecho no ampara al consumidor que ha sido maltratado de forma tan abusiva, como se resarce el consumidor, como se le compensa por los ataques recibidos, de que le sirve al consumidor la sanción económica impuesta a la empresa infractora.  

Para resaltar la gravedad de las actuaciones referidas el párrafo siguiente es clarificador:
Es inconcebible que 38 denuncias de particulares, presentadas en un momento próximo en el tiempo, y que describen patrones de conducta tan similares, no sean veraces, o respondan todas ellas o en su gran parte a errores del cliente o defectos de interpretación por su parte.

El resultado final es, una doble multa de 200.000 € para la empresa comercializadora, por una infracción muy grave, sancionable hasta 6 millones de €.  Muy barato para el infractor y muy costoso para el receptor de las actuaciones fuera de la ley. Según mi criterio la CNMC se lo tendría que hacer mirar, es totalmente ofensivo para los denunciantes y, también, para todos aquellos que no denunciaron, pero, posiblemente, pasaron por el mismo calvario.

El documento elaborado por la CNMC supera los mil folios y se ha tardado en su elaboración más de tres años, cabe preguntarse si la investigación llevada a cabo no debería ser objeto de entrega/denuncia ante la fiscalía, ya que no hay ninguna duda de que existen responsabilidades que escapan al ámbito puramente administrativo.

viernes, 20 de mayo de 2016

LA ENERGIA ELECTRICA DESPUES DEL 26J



Hay un hecho incuestionable, la nueva legislatura que se iniciará después de las elecciones del 26J no debería actuar como ha venido siendo habitual en las reformas que se han abordado del sistema eléctrico, es decir, iniciar un tiempo de consulta y educación de los nuevos responsables políticos que les permita definir el alcance legislativo de la misma, proceso que alargaría la toma de decisiones, tan necesarias, un tiempo excesivo y muy costoso para el interés general.

El conocimiento sobre el sistema en todos los planos posibles está perfectamente delimitado para, en función de la estrategia energética que se quiera implantar, definir acciones de cambio con implantación inmediata.

Si la política energética que se desea desarrollar fuera, como no puede ser de otra manera, la establecida por la UE, sin ningún tipo de cortapisa y, además, eliminando todo vestigio de oligopolio, nos llevaría a un consenso político, económico y social aceptado por la mayoría de los agentes involucrados.

Actualmente el sistema eléctrico está perfectamente estructurado para acometer reformas de amplio calado y a pesar de ser sistémico se pueden definir planes de acción independientes, por lo tanto, el sistema eléctrico compuesto por los subsistemas: generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores podrían tener planes de acción propios inmediatos.

Por otra parte, los agentes claves del sistema, como son: generadores, transportista, operador, distribuidores, comercializadores y consumidores, se les definiría su nueva posición en el sistema como consecuencia de la nueva política a desarrollar.

Hay un hecho objetivo e innegable, tal que es, la falta de una transición ordenada del sistema eléctrico con la implantación de la democracia y, posteriormente, con nuestra entrada en Europa.
La existencia, denunciado por la sociedad civil, de barreras infranqueables para eliminar la actual convergencia de lo político y lo empresarial del sistema, con el objetivo de que realmente se establezca un sistema de economía de interés general y que, por lo tanto, prime al consumidor como el objetivo del sistema.

Si realmente órganos como: el operador del sistema, el transportista, la CNMC y el CSN fueran independientes, bastaría para que se defendiese un nuevo sistema eléctrico que cumpliese su importante papel a desarrollar en la estrategia energética de Europa.

Evidentemente,si, en 40 años no se ha conseguido una transición del sistema solamente con voluntarismo no se conseguirá, los intentos que ha habido nunca fueron capaces de sortear las barreras que se encontraban en el camino, quizás, porque los propios legisladores se encuentran imbuidos en las fuerzas que el sistema tiene para preservar posiciones de privilegio.

Para ilustrar lo anterior, basta recordar algunos hitos de la legislatura anterior en la que se llevó a cabo una nueva reforma del sistema eléctrico:
  • Suspensión de las ayudas a las energías renovables.
  • Modificación del régimen de ayudas
  • Fiscalidad verde fracasada
  • Cierre unilateral de Garoña
  • Cancelación subastas Cesur
  • Manipulación del mercado mayorista
  • Cambio del “hueco térmico”
  • Autoconsumo con balance neto fallido

Algunos de estos hitos mostraron como el sistema eléctrico se autoalimenta en sus reformas y que conllevan irremediablemente a tener que replantearse una nueva reforma.

Establecer una hoja de ruta para una reforma del sistema eléctrico que supere el actual desequilibrio existente, principalmente del lado de los consumidores, es necesario y posible. Los “prosumidores”; unos nuevos gestores de las redes de distribución, la involucración de los territorios en el desarrollo de las nuevas redes y los nuevos generadores renovables, la separación del mercado mayorista de las generaciones: nuclear e hidráulica y su vinculación con el CSN y las cuencas hidrográficas y un largo etcétera que está en el conocimiento existente en el país.



viernes, 4 de marzo de 2016

Los “Lobbies” se registran en la CNMC


Para poder ejercer de “lobby” ante la CNMC se deberá reconocer la ejecución de tal actividad y tal actividad consiste para el Presidente de la CNMC en que “los grupos de interés desempeñan un papel importante y legitimo en el proceso democrático y que los representantes de la sociedad tengan acceso a las instituciones, recabar información, defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta”

Todo lo anterior viene a cuento de haber sido aprobado, el jueves 3 de marzo, la creación del Registro de Grupos de Interés de carácter voluntario, público y gratuito, por el pleno de la CNMC, con ello pretende homologar a España con las prácticas habituales en otros países europeos.

Dentro del decálogo ético que asumen las instituciones que se registren figura el compromiso de poderse hacer público lo que cuenten en los despachos o fuera de ellos con miembros de la CNMC.

De la importancia que puede llegar a tener esta iniciativa baste recordar que en Europa existe el denominado: Transparency Register para la Comisión Europea y la Eurocámara con cerca de 10.000 entes registrados, siendo imprescindible registrarse para poder actuar en los citados organismos.

Que una gran mayoría de agentes de un sector asuman el compromiso de transparencia y de actuar bajo las reglas de un código ético debería introducir un nuevo comportamiento de los agentes involucrados que sin duda repercutirá en un desarrollo diferenciado al existente actualmente.

En los sectores en los que parte de sus actividades están reguladas y permanecen practicas oligopolista, con claras barreras de entrada y en proceso de cambios estructurales de mucha entidad, la salida de los “armarios” de los lobbies, así como la constatación de la existencia de otros entes con claros objetivos de lobby debería clarificar el entorno en el que se desenvuelve un sector, un ejemplo muy válido en el que confluye todo lo indicado anteriormente es, sin duda, el sector eléctrico.

La existencia en el sector eléctrico del lobby seguramente más importante en España hace muy interesante la evolución que tendrá su convergencia o, no, con el registro creado en la CNMC, veamos una interpretación de la problemática que se plantea:

Una de las primeras cuestiones que tendría que dilucidar el registro de lobbies es el caso del mayor lobby en este sector, el constituido por las cinco empresas con integración vertical de actividades, por una parte, reguladas y, por otra parte, liberalizadas. La defensa, como lobby, de los objetivos integrados produciría un cuestionamiento de las propias leyes, en tanto en cuanto, establecen el principio de separación de las partes que constituyen la cadena de valor del sistema. Ciertamente se vulneraría el principio de la defensa del interés general.

En el caso español, la constatación y resolución del lobby Unesa es de tal calado para el sector que solo el conocer el comportamiento, tanto de la CNMC y de la propia Unesa, es simplemente apasionante.

Si, además del caso anterior, añadimos los otros agentes que ya vienen actuando en el sector y, por supuesto, los consumidores jugasen el papel que la propia legislación le atribuyen y todos bajo el acatamiento de la transparencia y de un código ético y, lo que es más importante, todos defienden unos intereses lícitos y conocidos con las limitaciones que supongan el interés general, constituiría una buena utopía en la que embarcarse, ¿no?

viernes, 26 de febrero de 2016

Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático


Transición energética y lucha contra el cambio climático es el título con el que se aborda el  apartado 3 del pacto político conocido al día de hoy. Los diez puntos que contiene podrían ser subscrito por cualquier agente que sustente un mínimo conocimiento del sector, en efecto, la necesidad de abordarlos es incuestionable, veamos cuales son:
  • Pacto de estado de la energía
  • Ley del cambio climático y Transición energética
  • Interconexión eléctrica con Europa
  • Impulsar el ferrocarril de mercancías
  • Moratoria fracking
  • Cierre de nucleares
  • Reforma RD 600/2015 Autoconsumo
  • Reforma mercado eléctrico
  • Autonomía energética (carbón nacional)
  • Fondo Verde (fiscalidad ambiental)

Para poder abordar todo lo anterior con un mínimo de eficacia a las necesidades reales de la sociedad civil, debería establecerse, a mi juicio, dos puntos, el primero, sería el de la temporalidad, es decir, fecha de su implantación y, por lo tanto,  prioridad , y el segundo, sería los pilares sobre los que se desea desarrollar tan extenso trabajo, no partimos de cero, ya estamos inmersos en una estrategia supranacional a la que estamos adheridos, Europa, que no debería ser objeto de interpretaciones partidistas, sino de adaptaciones reales de las mismas, cuestión que no se ha hecho al 100% o bien se va retrasando por intereses no explicitados.

Quizás algunos no han conocido o ya hayan olvidado lo ocurrido en este campo en la penúltima legislatura, cuando se creó la subcomisión de energía con el objetivo de abordar lo que se denominó: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA ESPAÑOLA PARA LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS, documento que tardó en realizarse toda la legislatura y que posteriormente fue olvidado sin más explicaciones.

Quizás algunos no han conocido o ya hayan olvidado, Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia y su disposición transitoria segunda: Elaboración de una regulación del suministro de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo, es decir, el denominado balance neto.

Hoy hablamos de: Ley del cambio climático y Transición energética y hace cuatro años era de: Ley de eficiencia energética y energías renovables.

La posición española en este campo se ha caracterizado por una discontinuidad en los planteamientos, cuando no una falta de criterio técnico/económico que no hacia posible un desarrollo de la industria y empresas de servicios del sector.

La posición europea ha sido completamente continuista en su desarrollo y no apeándose en ningún momento en sus tres pilares básicos que la sustentan: sostenibilidades de suministro, económica y ambiental. Dando una mayor visualización en su última etapa a la acertada comisión de: Clima y Energía.

Si los ejemplos anteriores son suficientemente ilustrativos, que lo son, no se debería nuevamente caer en los mismos métodos ineficientes para la sociedad civil, y, por tanto, implementar su desarrollo en función de las necesidades reales que permitan una rápida implementación.

Si se quiere implantar, como indica las directivas europeas, el autoconsumo con balance neto en nuestro país, defínase técnica y económicamente el real decreto correspondiente y búsquense los medios para que no sea posible por ningún agente su no implantación, si se cuantifica el objetivo buscado y se supervisa las actuaciones de terceros, seguramente, será difícil que haya quien ponga obstáculos contra ese interés general definido y cuantificado.

Si se quiere abordar una nueva modificación del mercado eléctrico, tan manida y conocida por todos, hágase, pero de forma que las diferentes partes que constituyen el sistema se aborden de manera prioritaria y con inteligencia. Por ejemplo, si la distribución eléctrica es la que va a proporcionar el impulso y el cambio necesario en el sistema prioricese y no se espera a concluir toda la reforma.

La gran mayoría de los agentes del sector son conocedores de los cambios necesarios para ir en la dirección que se defina, Europa las tiene perfectamente definidas, dejemos de retrasar las soluciones de interés general por falta de conocimiento para establecerlo.





jueves, 25 de febrero de 2016

Las Inversiones en el mercado eléctrico regulado



Hoy, 25 de febrero 2016, se producen dos hechos, por una parte, conocemos un documento que explicita el acuerdo alcanzado por dos fuerzas políticas y, por otra parte, conocemos, también, las perspectivas estratégicas y anuncio de inversiones con un horizonte del 2020 de la principal utility eléctrica española.

Ambos hechos guardan una relación y van a influir en el desarrollo de nuestro sector energético y en concreto en el sector eléctrico, sector fundamental por su papel en la transición energética, por su relación entre clima y energía y, por consiguiente, en la lucha contra el cambio climático, punto prioritario en la estrategia energética europea.

Si es, como todos coincidimos, la prioridad económico y social de nuestro país la creación de empleo estable y de valor, si es, como casi todos coincidimos, que en la denominada economía verde está uno de nuestros cimientos de desarrollo, si es, como casi todos coincidimos, que las inversiones en infraestructura de red son imprescindibles para establecer las bases de la “transición energética”, las inversiones en el mercado eléctrico regulado deberían ser objeto de tratamiento específico y, máxime, cuando corremos el riesgo de perder el tren y otra vez quedarnos rezagados, cuando, ahora sí,  reunimos todos los elementos necesarios para ser en este campo un país de excelencia.

Todo lo anterior nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer transparente y pactar las necesidades de inversión sobre las redes que se consideran un monopolio natural y en las que no solo es necesario un libre acceso de los agentes a la misma, si no que este acceso se debe producir sobre redes de última generación tecnológica, sin barreras de entrada y que estén en el tiempo que se demandan para que no puedan ser un freno al necesario desarrollo económico.

La figura de los “prosumidores”, es decir, el nuevo agente del sistema eléctrico en el que coinciden las facetas de consumidor/productor, basa su desarrollo, fundamentalmente, en su conexión a una red de distribución tecnológicamente apropiada, gestionada para dar un servicio económico de interés general y, por supuesto, regulada de forma que no existan barreras de entrada y, si, facilidades para su implantación dado los beneficios sociales de todo tipo que se conseguirán.

Ante el reto que suponen para la sociedad los planteamientos anteriores, perfectamente homologados por Europa, a nadie se le escapa que las inversiones que piensa desarrollar una utility, sobre la redes de distribución, pueden no coincidir con el interés general, pero, por otra parte, un plan de gobierno a cuatro años debería contemplar cómo va a ser posible supeditar el interés general a los lícitos intereses particulares, o mejor, como se va articular para que no pueda haber ninguna acción obstruccionista a los intereses del país en esta materia.

Hemos oído y leído que en los citados pactos se contempla acciones del tipo: “cambio constitucional exprés” es decir, resoluciones prioritarias a corto plazo, no es menos cierto que inversiones del tipo que aquí se mencionan deberían tener la misma consideración.

En el lado político, algunos hablan de una 2ª transición como manera de visualizar lo que se pretende hacer y conseguir, desde el lado económico, nos encontramos ante la 1ª transición para el sector energético que seguramente nos llevará a obtener los mismos éxitos que se consiguieron en la 1ª transición política.


La compañía mencionada que anuncia un plan de inversiones de 24.000 M€ las cuantifica de la forma siguiente: un 90% son proyectos ya comprometidos, especialmente en el Reino Unido (1.070 MW eólicos marinos). EEUU, México y Brasil, y un 60% del total corresponde a proyectos de crecimiento. En España y Portugal la compañía seguirá desarrollando redes inteligentes. Hay una clara divergencia entre el interés de la compañía y el interés general sobre la base del mercado regulado, tal como son, las redes de distribución.

Compañías con una amplia penetración en los mercados globales, con un porcentaje mayoritario de beneficios conseguidos fuera de España, necesitan para su devenir mostrar su excelencia en sus mercados de origen, su mejor escaparate, como ejemplo tenemos la generación eólica. Posicionamientos como los defendidos con el autoconsumo no muestran precisamente fortaleza, al igual, que no propiciar inversiones adecuadas en las infraestructuras de futuro. Sirva, también como ejemplo, la implantación de la fibra óptica y las consecuencias que se derivan de tener una red adecuada.
El modelo de inversión actualmente en vigor no nos sirve para los objetivos de interés general que debería cubrir, es incuestionable para todos los agentes del sector eléctrico, se hace imprescindible que sea tratado convenientemente por los pactos políticos.

martes, 9 de febrero de 2016

Los Pactos en el Sector Energético


A expensas de conocer el resultado final de unos posibles pactos políticos para desarrollar en la XI legislatura (2016-2019) concernientes al Sector Energético, es aconsejable conocer sobre qué bases se producen la negociación que actualmente se lleva a cabo.

En el documento publicado, en el apartado 2 titulado: Transición Energética y Lucha Contra el Cambio Climático, se expone el alcance de las medidas que se consideran abordar:
  1. Pacto de Estado de la Energía
  2. Ley del Cambio Climático y Transición Energético
  3. Comisión para la transición Energética
  4. Empresas cotizadas
  5. Ley de contratos del Estado
  6. Zero emisiones
  7. Mapa de riesgos
  8. Prohibir el fracking
  9. Cierre de centrales nucleares
  10. Autoconsumo
  11. Reforma del mercado eléctrico
  12. Fondo verde

Posteriormente se abordan en este apartado 2 los temas siguientes: Medio ambiente urbano: ciudades resilientes y zero emisiones; política forestal y usos del suelo; biodiversidad y cadena de valor; gestión sostenible y eficiente del agua; costas y espacios marinos; economía circular.

La información disponible por asuntos es la indicada anteriormente, en lo concerniente al sector energético se zanjan, al menos, tres aspectos controvertidos: cierre de centrales nucleares que se propone a los 40 años de vida. Autoconsumo se propone con balance neto y prohibición del fracking.

Entendemos que la definición de la estrategia energética se abordaría en la propuesta de un Pacto de Estado de la Energía y, por lo tanto, todo quedaría relegado a dicho pacto.

Es evidente, que se ha tratado de enunciar diversos aspectos de política energética que pudieran ser convergentes entre las partes involucradas en los pactos y relegar a un segundo periodo, posterior al acuerdo necesario para el inicio del gobierno, las bases estratégicas que sustentarían los objetivos del gobierno que se pretende formar.


Suponemos que a lo largo de las negociaciones se dispondrá de la información suficiente para evaluar en cual podría ser el devenir de los próximos cuatro años.