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lunes, 23 de mayo de 2016

Lo que no puede ser y si lo es en el consumo energético


Aparece en los medios la noticia de la sanción impuesta por la CNMC a una comercializadora de gas/electricidad. Tanto la comercializadora como la distribuidora de gas en la Comunidad de Madrid son bien conocidas por sus consumidores por toda una serie de situaciones ajenas a ellos, que le ha conducido por un camino que no ha sido beneficioso para los intereses de esos consumidores y, si, a los de las empresas comercializadoras y distribuidora, actuando conjuntamente de manera perturbadora para el consumidor.

Para documentar, lo anterior, baste recoger la síntesis de los hechos probados en el documento sancionador de la CNMC, son los siguientes:
  • ü  obtuvo el consentimiento de clientes para la contratación mediante métodos fraudulentos, sin contar con el debido consentimiento,
  • ü  emitió facturas a consumidores pese a no haber aportado al expediente el soporte documental relativo a la contratación con dicho cliente,
  • ü  no resolvió eficazmente las reclamaciones planteadas por los clientes afectados,
  • ü  no atendió con celeridad peticiones de baja del suministro o de desistimiento del contrato en los casos de dichos clientes,
  • ü  amenazó con cortes de suministro a dichos clientes, motivando en algún caso el pago de facturas injustificadas para evitar el corte,
  • ü  dilató de forma injustificada la desactivación del cambio en caso de esos clientes, de modo que tardaron meses e incluso más de un año en ciertos casos, hasta la solución definitiva,
  • ü  remitió en muchos casos a esos clientes a teléfonos de pago.

Imaginarse el calvario de los consumidores afectados ante los hechos anteriores, pone los pelos de punta a cualquiera y, máxime, si tiene en cuenta que en el caso de la distribución son concesiones administrativas y en el caso de las comercializadoras su fundamento son sus clientes.

Pero lo que resulta insoportable para los consumidores que nos acercamos al conocimiento de los hechos es la propia resolución de la CNMC y no porque no sea ajustada a derecho, sino porque ese derecho no ampara al consumidor que ha sido maltratado de forma tan abusiva, como se resarce el consumidor, como se le compensa por los ataques recibidos, de que le sirve al consumidor la sanción económica impuesta a la empresa infractora.  

Para resaltar la gravedad de las actuaciones referidas el párrafo siguiente es clarificador:
Es inconcebible que 38 denuncias de particulares, presentadas en un momento próximo en el tiempo, y que describen patrones de conducta tan similares, no sean veraces, o respondan todas ellas o en su gran parte a errores del cliente o defectos de interpretación por su parte.

El resultado final es, una doble multa de 200.000 € para la empresa comercializadora, por una infracción muy grave, sancionable hasta 6 millones de €.  Muy barato para el infractor y muy costoso para el receptor de las actuaciones fuera de la ley. Según mi criterio la CNMC se lo tendría que hacer mirar, es totalmente ofensivo para los denunciantes y, también, para todos aquellos que no denunciaron, pero, posiblemente, pasaron por el mismo calvario.

El documento elaborado por la CNMC supera los mil folios y se ha tardado en su elaboración más de tres años, cabe preguntarse si la investigación llevada a cabo no debería ser objeto de entrega/denuncia ante la fiscalía, ya que no hay ninguna duda de que existen responsabilidades que escapan al ámbito puramente administrativo.

viernes, 20 de mayo de 2016

LA ENERGIA ELECTRICA DESPUES DEL 26J



Hay un hecho incuestionable, la nueva legislatura que se iniciará después de las elecciones del 26J no debería actuar como ha venido siendo habitual en las reformas que se han abordado del sistema eléctrico, es decir, iniciar un tiempo de consulta y educación de los nuevos responsables políticos que les permita definir el alcance legislativo de la misma, proceso que alargaría la toma de decisiones, tan necesarias, un tiempo excesivo y muy costoso para el interés general.

El conocimiento sobre el sistema en todos los planos posibles está perfectamente delimitado para, en función de la estrategia energética que se quiera implantar, definir acciones de cambio con implantación inmediata.

Si la política energética que se desea desarrollar fuera, como no puede ser de otra manera, la establecida por la UE, sin ningún tipo de cortapisa y, además, eliminando todo vestigio de oligopolio, nos llevaría a un consenso político, económico y social aceptado por la mayoría de los agentes involucrados.

Actualmente el sistema eléctrico está perfectamente estructurado para acometer reformas de amplio calado y a pesar de ser sistémico se pueden definir planes de acción independientes, por lo tanto, el sistema eléctrico compuesto por los subsistemas: generación, transporte, distribución, comercialización y consumidores podrían tener planes de acción propios inmediatos.

Por otra parte, los agentes claves del sistema, como son: generadores, transportista, operador, distribuidores, comercializadores y consumidores, se les definiría su nueva posición en el sistema como consecuencia de la nueva política a desarrollar.

Hay un hecho objetivo e innegable, tal que es, la falta de una transición ordenada del sistema eléctrico con la implantación de la democracia y, posteriormente, con nuestra entrada en Europa.
La existencia, denunciado por la sociedad civil, de barreras infranqueables para eliminar la actual convergencia de lo político y lo empresarial del sistema, con el objetivo de que realmente se establezca un sistema de economía de interés general y que, por lo tanto, prime al consumidor como el objetivo del sistema.

Si realmente órganos como: el operador del sistema, el transportista, la CNMC y el CSN fueran independientes, bastaría para que se defendiese un nuevo sistema eléctrico que cumpliese su importante papel a desarrollar en la estrategia energética de Europa.

Evidentemente,si, en 40 años no se ha conseguido una transición del sistema solamente con voluntarismo no se conseguirá, los intentos que ha habido nunca fueron capaces de sortear las barreras que se encontraban en el camino, quizás, porque los propios legisladores se encuentran imbuidos en las fuerzas que el sistema tiene para preservar posiciones de privilegio.

Para ilustrar lo anterior, basta recordar algunos hitos de la legislatura anterior en la que se llevó a cabo una nueva reforma del sistema eléctrico:
  • Suspensión de las ayudas a las energías renovables.
  • Modificación del régimen de ayudas
  • Fiscalidad verde fracasada
  • Cierre unilateral de Garoña
  • Cancelación subastas Cesur
  • Manipulación del mercado mayorista
  • Cambio del “hueco térmico”
  • Autoconsumo con balance neto fallido

Algunos de estos hitos mostraron como el sistema eléctrico se autoalimenta en sus reformas y que conllevan irremediablemente a tener que replantearse una nueva reforma.

Establecer una hoja de ruta para una reforma del sistema eléctrico que supere el actual desequilibrio existente, principalmente del lado de los consumidores, es necesario y posible. Los “prosumidores”; unos nuevos gestores de las redes de distribución, la involucración de los territorios en el desarrollo de las nuevas redes y los nuevos generadores renovables, la separación del mercado mayorista de las generaciones: nuclear e hidráulica y su vinculación con el CSN y las cuencas hidrográficas y un largo etcétera que está en el conocimiento existente en el país.



viernes, 4 de marzo de 2016

Los “Lobbies” se registran en la CNMC


Para poder ejercer de “lobby” ante la CNMC se deberá reconocer la ejecución de tal actividad y tal actividad consiste para el Presidente de la CNMC en que “los grupos de interés desempeñan un papel importante y legitimo en el proceso democrático y que los representantes de la sociedad tengan acceso a las instituciones, recabar información, defender su situación o instar a cambiar la legislación que les afecta”

Todo lo anterior viene a cuento de haber sido aprobado, el jueves 3 de marzo, la creación del Registro de Grupos de Interés de carácter voluntario, público y gratuito, por el pleno de la CNMC, con ello pretende homologar a España con las prácticas habituales en otros países europeos.

Dentro del decálogo ético que asumen las instituciones que se registren figura el compromiso de poderse hacer público lo que cuenten en los despachos o fuera de ellos con miembros de la CNMC.

De la importancia que puede llegar a tener esta iniciativa baste recordar que en Europa existe el denominado: Transparency Register para la Comisión Europea y la Eurocámara con cerca de 10.000 entes registrados, siendo imprescindible registrarse para poder actuar en los citados organismos.

Que una gran mayoría de agentes de un sector asuman el compromiso de transparencia y de actuar bajo las reglas de un código ético debería introducir un nuevo comportamiento de los agentes involucrados que sin duda repercutirá en un desarrollo diferenciado al existente actualmente.

En los sectores en los que parte de sus actividades están reguladas y permanecen practicas oligopolista, con claras barreras de entrada y en proceso de cambios estructurales de mucha entidad, la salida de los “armarios” de los lobbies, así como la constatación de la existencia de otros entes con claros objetivos de lobby debería clarificar el entorno en el que se desenvuelve un sector, un ejemplo muy válido en el que confluye todo lo indicado anteriormente es, sin duda, el sector eléctrico.

La existencia en el sector eléctrico del lobby seguramente más importante en España hace muy interesante la evolución que tendrá su convergencia o, no, con el registro creado en la CNMC, veamos una interpretación de la problemática que se plantea:

Una de las primeras cuestiones que tendría que dilucidar el registro de lobbies es el caso del mayor lobby en este sector, el constituido por las cinco empresas con integración vertical de actividades, por una parte, reguladas y, por otra parte, liberalizadas. La defensa, como lobby, de los objetivos integrados produciría un cuestionamiento de las propias leyes, en tanto en cuanto, establecen el principio de separación de las partes que constituyen la cadena de valor del sistema. Ciertamente se vulneraría el principio de la defensa del interés general.

En el caso español, la constatación y resolución del lobby Unesa es de tal calado para el sector que solo el conocer el comportamiento, tanto de la CNMC y de la propia Unesa, es simplemente apasionante.

Si, además del caso anterior, añadimos los otros agentes que ya vienen actuando en el sector y, por supuesto, los consumidores jugasen el papel que la propia legislación le atribuyen y todos bajo el acatamiento de la transparencia y de un código ético y, lo que es más importante, todos defienden unos intereses lícitos y conocidos con las limitaciones que supongan el interés general, constituiría una buena utopía en la que embarcarse, ¿no?

viernes, 26 de febrero de 2016

Transición Energética y Lucha contra el Cambio Climático


Transición energética y lucha contra el cambio climático es el título con el que se aborda el  apartado 3 del pacto político conocido al día de hoy. Los diez puntos que contiene podrían ser subscrito por cualquier agente que sustente un mínimo conocimiento del sector, en efecto, la necesidad de abordarlos es incuestionable, veamos cuales son:
  • Pacto de estado de la energía
  • Ley del cambio climático y Transición energética
  • Interconexión eléctrica con Europa
  • Impulsar el ferrocarril de mercancías
  • Moratoria fracking
  • Cierre de nucleares
  • Reforma RD 600/2015 Autoconsumo
  • Reforma mercado eléctrico
  • Autonomía energética (carbón nacional)
  • Fondo Verde (fiscalidad ambiental)

Para poder abordar todo lo anterior con un mínimo de eficacia a las necesidades reales de la sociedad civil, debería establecerse, a mi juicio, dos puntos, el primero, sería el de la temporalidad, es decir, fecha de su implantación y, por lo tanto,  prioridad , y el segundo, sería los pilares sobre los que se desea desarrollar tan extenso trabajo, no partimos de cero, ya estamos inmersos en una estrategia supranacional a la que estamos adheridos, Europa, que no debería ser objeto de interpretaciones partidistas, sino de adaptaciones reales de las mismas, cuestión que no se ha hecho al 100% o bien se va retrasando por intereses no explicitados.

Quizás algunos no han conocido o ya hayan olvidado lo ocurrido en este campo en la penúltima legislatura, cuando se creó la subcomisión de energía con el objetivo de abordar lo que se denominó: ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA ESPAÑOLA PARA LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS, documento que tardó en realizarse toda la legislatura y que posteriormente fue olvidado sin más explicaciones.

Quizás algunos no han conocido o ya hayan olvidado, Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia y su disposición transitoria segunda: Elaboración de una regulación del suministro de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo, es decir, el denominado balance neto.

Hoy hablamos de: Ley del cambio climático y Transición energética y hace cuatro años era de: Ley de eficiencia energética y energías renovables.

La posición española en este campo se ha caracterizado por una discontinuidad en los planteamientos, cuando no una falta de criterio técnico/económico que no hacia posible un desarrollo de la industria y empresas de servicios del sector.

La posición europea ha sido completamente continuista en su desarrollo y no apeándose en ningún momento en sus tres pilares básicos que la sustentan: sostenibilidades de suministro, económica y ambiental. Dando una mayor visualización en su última etapa a la acertada comisión de: Clima y Energía.

Si los ejemplos anteriores son suficientemente ilustrativos, que lo son, no se debería nuevamente caer en los mismos métodos ineficientes para la sociedad civil, y, por tanto, implementar su desarrollo en función de las necesidades reales que permitan una rápida implementación.

Si se quiere implantar, como indica las directivas europeas, el autoconsumo con balance neto en nuestro país, defínase técnica y económicamente el real decreto correspondiente y búsquense los medios para que no sea posible por ningún agente su no implantación, si se cuantifica el objetivo buscado y se supervisa las actuaciones de terceros, seguramente, será difícil que haya quien ponga obstáculos contra ese interés general definido y cuantificado.

Si se quiere abordar una nueva modificación del mercado eléctrico, tan manida y conocida por todos, hágase, pero de forma que las diferentes partes que constituyen el sistema se aborden de manera prioritaria y con inteligencia. Por ejemplo, si la distribución eléctrica es la que va a proporcionar el impulso y el cambio necesario en el sistema prioricese y no se espera a concluir toda la reforma.

La gran mayoría de los agentes del sector son conocedores de los cambios necesarios para ir en la dirección que se defina, Europa las tiene perfectamente definidas, dejemos de retrasar las soluciones de interés general por falta de conocimiento para establecerlo.





jueves, 25 de febrero de 2016

Las Inversiones en el mercado eléctrico regulado



Hoy, 25 de febrero 2016, se producen dos hechos, por una parte, conocemos un documento que explicita el acuerdo alcanzado por dos fuerzas políticas y, por otra parte, conocemos, también, las perspectivas estratégicas y anuncio de inversiones con un horizonte del 2020 de la principal utility eléctrica española.

Ambos hechos guardan una relación y van a influir en el desarrollo de nuestro sector energético y en concreto en el sector eléctrico, sector fundamental por su papel en la transición energética, por su relación entre clima y energía y, por consiguiente, en la lucha contra el cambio climático, punto prioritario en la estrategia energética europea.

Si es, como todos coincidimos, la prioridad económico y social de nuestro país la creación de empleo estable y de valor, si es, como casi todos coincidimos, que en la denominada economía verde está uno de nuestros cimientos de desarrollo, si es, como casi todos coincidimos, que las inversiones en infraestructura de red son imprescindibles para establecer las bases de la “transición energética”, las inversiones en el mercado eléctrico regulado deberían ser objeto de tratamiento específico y, máxime, cuando corremos el riesgo de perder el tren y otra vez quedarnos rezagados, cuando, ahora sí,  reunimos todos los elementos necesarios para ser en este campo un país de excelencia.

Todo lo anterior nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer transparente y pactar las necesidades de inversión sobre las redes que se consideran un monopolio natural y en las que no solo es necesario un libre acceso de los agentes a la misma, si no que este acceso se debe producir sobre redes de última generación tecnológica, sin barreras de entrada y que estén en el tiempo que se demandan para que no puedan ser un freno al necesario desarrollo económico.

La figura de los “prosumidores”, es decir, el nuevo agente del sistema eléctrico en el que coinciden las facetas de consumidor/productor, basa su desarrollo, fundamentalmente, en su conexión a una red de distribución tecnológicamente apropiada, gestionada para dar un servicio económico de interés general y, por supuesto, regulada de forma que no existan barreras de entrada y, si, facilidades para su implantación dado los beneficios sociales de todo tipo que se conseguirán.

Ante el reto que suponen para la sociedad los planteamientos anteriores, perfectamente homologados por Europa, a nadie se le escapa que las inversiones que piensa desarrollar una utility, sobre la redes de distribución, pueden no coincidir con el interés general, pero, por otra parte, un plan de gobierno a cuatro años debería contemplar cómo va a ser posible supeditar el interés general a los lícitos intereses particulares, o mejor, como se va articular para que no pueda haber ninguna acción obstruccionista a los intereses del país en esta materia.

Hemos oído y leído que en los citados pactos se contempla acciones del tipo: “cambio constitucional exprés” es decir, resoluciones prioritarias a corto plazo, no es menos cierto que inversiones del tipo que aquí se mencionan deberían tener la misma consideración.

En el lado político, algunos hablan de una 2ª transición como manera de visualizar lo que se pretende hacer y conseguir, desde el lado económico, nos encontramos ante la 1ª transición para el sector energético que seguramente nos llevará a obtener los mismos éxitos que se consiguieron en la 1ª transición política.


La compañía mencionada que anuncia un plan de inversiones de 24.000 M€ las cuantifica de la forma siguiente: un 90% son proyectos ya comprometidos, especialmente en el Reino Unido (1.070 MW eólicos marinos). EEUU, México y Brasil, y un 60% del total corresponde a proyectos de crecimiento. En España y Portugal la compañía seguirá desarrollando redes inteligentes. Hay una clara divergencia entre el interés de la compañía y el interés general sobre la base del mercado regulado, tal como son, las redes de distribución.

Compañías con una amplia penetración en los mercados globales, con un porcentaje mayoritario de beneficios conseguidos fuera de España, necesitan para su devenir mostrar su excelencia en sus mercados de origen, su mejor escaparate, como ejemplo tenemos la generación eólica. Posicionamientos como los defendidos con el autoconsumo no muestran precisamente fortaleza, al igual, que no propiciar inversiones adecuadas en las infraestructuras de futuro. Sirva, también como ejemplo, la implantación de la fibra óptica y las consecuencias que se derivan de tener una red adecuada.
El modelo de inversión actualmente en vigor no nos sirve para los objetivos de interés general que debería cubrir, es incuestionable para todos los agentes del sector eléctrico, se hace imprescindible que sea tratado convenientemente por los pactos políticos.

martes, 9 de febrero de 2016

Los Pactos en el Sector Energético


A expensas de conocer el resultado final de unos posibles pactos políticos para desarrollar en la XI legislatura (2016-2019) concernientes al Sector Energético, es aconsejable conocer sobre qué bases se producen la negociación que actualmente se lleva a cabo.

En el documento publicado, en el apartado 2 titulado: Transición Energética y Lucha Contra el Cambio Climático, se expone el alcance de las medidas que se consideran abordar:
  1. Pacto de Estado de la Energía
  2. Ley del Cambio Climático y Transición Energético
  3. Comisión para la transición Energética
  4. Empresas cotizadas
  5. Ley de contratos del Estado
  6. Zero emisiones
  7. Mapa de riesgos
  8. Prohibir el fracking
  9. Cierre de centrales nucleares
  10. Autoconsumo
  11. Reforma del mercado eléctrico
  12. Fondo verde

Posteriormente se abordan en este apartado 2 los temas siguientes: Medio ambiente urbano: ciudades resilientes y zero emisiones; política forestal y usos del suelo; biodiversidad y cadena de valor; gestión sostenible y eficiente del agua; costas y espacios marinos; economía circular.

La información disponible por asuntos es la indicada anteriormente, en lo concerniente al sector energético se zanjan, al menos, tres aspectos controvertidos: cierre de centrales nucleares que se propone a los 40 años de vida. Autoconsumo se propone con balance neto y prohibición del fracking.

Entendemos que la definición de la estrategia energética se abordaría en la propuesta de un Pacto de Estado de la Energía y, por lo tanto, todo quedaría relegado a dicho pacto.

Es evidente, que se ha tratado de enunciar diversos aspectos de política energética que pudieran ser convergentes entre las partes involucradas en los pactos y relegar a un segundo periodo, posterior al acuerdo necesario para el inicio del gobierno, las bases estratégicas que sustentarían los objetivos del gobierno que se pretende formar.


Suponemos que a lo largo de las negociaciones se dispondrá de la información suficiente para evaluar en cual podría ser el devenir de los próximos cuatro años.

lunes, 8 de febrero de 2016

SERVICIOS ENERGETICOS: La transición eléctrica en las Autonomias

SERVICIOS ENERGETICOS: La transición eléctrica en las Autonomias

La transición eléctrica en las Autonomias


Hoy, 8 de febrero de 2016, aparece en la portada de un periódico económico el titular:  

Galicia quiere la luz más barata que el resto de España.

en las páginas interiores el artículo aparece con el siguiente título:


No hay ninguna duda que en el actual marco legislativo no cabe un planteamiento como el que se indica en el referido artículo. Pero no es menos cierto que la región gallega es excedentaria en energía eléctrica en un porcentaje de alrededor del 40%. del total producido y, también, en su territorio se encuentran algunas de las industrias más intensivas en energía eléctrica.

Al igual que Galicia son exportadoras: Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura y Navarra. En valor absoluto la mayor exportadora es Castilla y León con más del 60% de la energía generada, le sigue, Extremadura con más del 75% de energías exportada, debido a su generación nuclear.

En Galicia se produce el 20% de la energía hidráulica total, así como, el 20% de la energía total producida por el carbón, es asimismo el segundo producto de energía eólica con más del 15% del total.


Un análisis del sistema eléctrico por regiones, autonomías, da como resultado una visión no homogénea, como no podía ser de otra forma, del sistema actual y en la que si caben los planteamientos diferenciadores como los que exponen en Galicia.
De ser así, son posibles, al menos, dos planteamientos, el primero, vendría del lado del precio de la energía generada, el segundo, vendría del lado del precio de las tarifas de peaje reguladas.

Si exporto energía producida en mi región debería tener un mejor precio, o bien, si exporto energía mis tarifas de peaje deberían tener un mejor precio que en el caso de las regiones importadoras.


Por otra parte, si no cuestionamos el mercado mayorista ibérico como el mejor precio de mercado que pueden alcanzar los ofertantes y demandantes, si cuestionaremos que los intereses regionales no se defienden en dicho mercado, debido a que únicamente están representados los intereses de los propietarios de los de las centrales de generación independientemente de su ubicación, lo cual genera un desequilibrio en contra de los intereses generales de la autonomía, y, por lo tanto, el planteamiento gallego es perfectamente lógico, aunque esté fuera del ordenamiento actual.

Cabe otro planteamiento sobre la base del mix de generación existente en una autonomía, debido a que el precio real de generación puede ser muy inferior al que se obtiene en el mercado y, por tanto, la mayor plusvalía no repercuta en la región y sea absorbida por el propietario de la central, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de la región, situación que precisamente se da en Galicia y que se intenta corregir por vía del mecanismo de la interrumpibilidad, actualmente totalmente ficticio.
           
En las memorias del sistema eléctrico español que publica REE se encuentra un análisis del mismo por autonomías, en el que puede apreciarse las potencias instaladas en cada una de ellas, así como, las energías generadas por cada una de las tecnologías, tanto en el régimen ordinario como en el régimen especial, esto ha sido así hasta el año 2013, se desconoce la causa del cambio de la información que facilitaba REE en el año 2014.


Dado el papel que han de jugar las autonomías en la transición energética será importante implicar al sistema eléctrico en la nueva realidad descentralizada del Estado español, esta nueva visión ayuda a encontrar nuevas vías más equilibradas para el desarrollo regional y, por supuesto, una adaptación del sistema eléctrico a la estructura actual del estado.               

viernes, 8 de enero de 2016

SERVICIOS ENERGETICOS: La Reforma del Sistema Eléctrico no pasa por la Nacionalización

SERVICIOS ENERGETICOS: La Reforma del Sistema Eléctrico no pasa por la Nacionalización

La Reforma del Sistema Eléctrico no pasa por la Nacionalización

Venimos de una reforma del sistema eléctrico (SE) que no sirve para el objetivo de desmembrar el Oligopolio existente y hacer del sistema eléctrico un servicio de interés económico general.
Baste recordar que el mismo día de diciembre del 2013 en el que se estaba aprobando la ley 24/2013 del SE, actualmente en vigor, se producía la última subasta CESUR que fue fruto, tal como ha concluido la CNMC, de una manipulación del mercado mayorista por una de las empresas del Oligopolio.

Liberalización y Oligopolio son dos términos antagónicos, mientras exista poder de mercado ejercido desde una estructura oligopolista, tal como es la asociación UNESA, difícilmente, como se viene demostrando reiteradamente, se conseguirá liberalizar el sector.
También es cierto, que toda etapa tiene un final, y este final se puede gestionar de dos formas, la primera sería rupturista, o bien, mediante una transición hacia un nuevo modelo, la primera, se podría plantear con la nacionalización de parte del sector que quebraría el modelo europeo, basado en un sector competitivo y liberalizado, la segunda, sería aplicar de forma drástica la normativa europea para conseguir un sector europeo en defensa del interés general.

En el contexto anterior, merece ser tenido en cuenta las propuestas programáticas de los partidos cuando van en línea de conseguir un sistema eléctrico que sirva a los intereses generales y sea parte del Proyecto de País que se quiere desarrollar.

En el contexto europeo de sus directivas, se encuentra la DIRECTIVA 2009/72/CE en el que hay un punto de fácil aplicación e inmediato cambio en nuestro sistema eléctrico que dirigiría al país hacia metas de importantes desarrollos económicos. Punto que ya ha sido detectado por algún agente político que lo ha introducido en su programa y, que, sin duda, es fruto de un conocimiento profundo de la situación actual y del cambio que es necesario aplicar en el SE.
Lo anterior se puede concretar con dos textos legales, el español de la reciente ley 24/2013 del SE y, por otra parte, la directiva europea   DIRECTIVA 2009/72/CE. Veamos:

DIRECTIVA 2009/72/CE
Artículo 24 Designación de gestores de redes de distribución.
Los Estados miembros designarán o pedirán a las empresas propietarias o encargadas de las redes de distribución que designen, por un período de tiempo que determinarán los Estados miembros en función de criterios de eficiencia y de equilibrio econó­mico, uno o varios gestores de redes de distribución. Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de distribución procedan con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico
Los distribuidores serán los gestores de las redes de distribución que operen. En aquellas Comunidades Autónomas donde exista más de un gestor de la red de distribución, la Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, podrá realizar funciones de coordinación de la actividad que desarrollen los diferentes gestores.

PROGRAMA ELECTORAL
Establecimiento de controles efectivos que impidan prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico
Estableceremos controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico, incluida la integración vertical. En particular, se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes de distribución.


RESUMEN

Como queda de manifiesto, la directiva europea contempla que los Estados podrán designar a los gestores de las redes de distribución, la ley española designa como gestores a los propietarios de las redes de distribución, por otra parte, el programa de un partido ya plantea la posibilidad de separación de la gestión de la propiedad de esas redes, en principio como lucha contra el oligopolio, pero en realidad es la plataforma de un nuevo modelo para el sistema eléctrico, acorde a las necesidades actuales y futuras de nuestro sistema productivo.

Una parte importante de la transición hacia un nuevo modelo energético se desarrollará por el cambio tecnológico de la red de distribución de una parte y de otra por una gestión orientada al objetivo de una generación distribuida, sobre la base de energías limpias que contribuyan a la mitigación del cambio climático y al empoderamiento de los ciudadanos en su doble vertiente de consumidor/productor de energía.

El cambio de agente en la gestión de las redes de distribución para transformarlas en redes de distribución inteligentes en servicio de los intereses generales y en impulsar la denominada economía verde, llamada a ser la mejor herramienta de lucha contra el cambio climático y de ser parte del Proyecto de País que se necesita.

Al hacer que la red de distribución sea gestionada por un organismo autónomo adscrito a un territorio o autonomía, se podrá conseguir que el resto de elementos de la cadena de valor del sistema: generación, transporte y comercialización, sean subordinados. Esta visión del sistema es concordante con la estrategia energética de Europa y, también, concuerda con un nuevo sistema eléctrico desligado del actual oligopolio, reforma, por otra parte, fácilmente realizable y con costes mínimos para el interés general.



martes, 3 de noviembre de 2015

La Estrategia Energética de Unesa para el 2.030


El pasado 29 de octubre, Unesa, dio a conocer un estudio elaborado conjuntamente con una consultora, titulado:

El sector eléctrico y los objetivos de energía y clima de la CE para 2030

En cierto modo se puede considerar como el resumen ejecutivo de un Plan Estratégico de Actuación de la asociación de empresas y, por tanto, válido para las cinco empresas asociadas, dos multinacionales españolas y las otras tres de origen: italiano, portugués y australiano.

No es público, todavía, el documento completo pero si las diapositivas utilizadas en la presentación así como el resumen de prensa remitido a los medios, sobre esa base analizamos el contenido del citado trabajo.
Cabe resaltar, tal como indica el título, la convergencia entre clima y energía y en este caso los objetivos del sector quedan condicionados por el objetivo climático y en consecuencia por los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, tal como es previsible que se acuerden en la COP21 PARIS 2015.

Las líneas maestras de Unesa se resumen en los siguientes puntos:

  1. El sector eléctrico español ha transformado el mix de generación invirtiendo más de 80.000 M€ en tecnologías con menores emisiones. (Queda cuantificado en 0,22 tCO2/MWh año 2014 por 0,45 tCO2/MWh año 1990)
  2. La aplicación de los objetivos de Energía y Clima condicionará la evolución del sector energético en España. (Los objetivos se circunscriben a: eficiencia energética, cuota de renovables, emisiones sectores no-ETS, emisiones sectores ETS, emisiones globales)En 2030 dos de los indicadores españoles estarían en línea con los objetivos europeos.
  3. En 2030 se alcanzaría un 25% de reducción de la demanda de energía primaria --Estima un MIX de energía final 2030 siguiente: electricidad (23 Mtep); renovables (10 Mtep); gas (15 Mtep); productos petrolíferos (37 Mtep); carbón (1 Mtep).-- Estima un MIX de energía primaria 2030 siguiente: nuclear (16 Mtep); renovables (30 Mtep); gas (28 Mtep); productos petrolíferos (44 Mtep); carbón (4 Mtep).--
  4. El sector de generación tendría que seguir liderando la penetración de renovables para alcanzar una cuota del 27% (generación eléctrica: 53%; transporte: 19%; residencial 18%)
  5. En generación, las renovables captarían el aumento de producción hasta 2030 y el hueco térmico se quedaría en niveles de 2013-14 (producción bruta 2030: 303 TWh; producción bruta 2014: 260 TWh, incremento de producción: 1% anual)
  6. Harían falta mecanismos de apoyo y nuevas fuentes de financiación (p.e. PGE) para los nuevos 30GW renovables.
  7. Pese al crecimiento de generación renovable en 2030 hará falta nueva capacidad firme para cubrir la punta de demanda (8 GW, punta de demanda 2030 51 GW)
  8. La potencia firme del hueco térmico funcionaría de media solo 1500 horas en 2030. (Producción bruta: gas 47 TWh; carbón 10 TWh)
  9. Habría que cambiar el sistema de retribución a la generación firme para atraer las inversiones necesarias. (Serán necesarias profundas reformas en el mercado eléctrico para compatibilizar objetivos de renovables y seguridad de suministro)
  10. El sector eléctrico ha sido y seguirá siendo el principal descarbonizador de la economía española. (La descarbonización es una decisión social, por lo que sus costes deben ser asumidos por el conjunto de la sociedad)
  11. Los sectores no-ETS reducirán un 21% sus emisiones de GEI hasta 2030—240 MtCO2eq en 2005 a 190 MtCO2eq. En 2030)
  12. Se necesitarían medidas adicionales en sectores no-ETS para reducir las emisiones un 30% en 2030
  13. Cumplir los objetivos europeos en España implicaría costes adicionales en el sector eléctrico y cambios drásticos en no-ETS. (Objetivos ambiciosos requieren realismo y visión de largo plazo, valorando el impacto en la competitividad y repartiendo equitativamente los costes asociados)





lunes, 2 de noviembre de 2015

Cambiemos otra vez la Ley Eléctrica 24/2013 ¡Qué vienen otros!


Hoy es día de resaca, después del programa emitido por TV6, Salvados,  sobre el pueblo de Jánovas, en el que se mostró parte de la realidad del sistema eléctrico español. En cualquier caso, los medios afines al establishment siguen haciendo rodar la noria, los titulares de estos medios, hoy,  son una vez más, del tono siguiente:

“El Gobierno quiere bajar la luz aprovechando la mayor demanda”
“La solución de las eléctricas, eliminar el impuesto”
“2.705 M€ tiene previsto recaudar el Estado de los tributos energéticos que se destinan a financiar los costes del sistema eléctrico”

Es relativamente sencillo hacer una síntesis de la situación del sistema eléctrico español, según nuestro criterio es del siguiente tono:

Es imposible congeniar los intereses generales con los intereses particulares de las empresas pertenecientes a un oligopolio, tal es el de la empresas que forman el lobby Unesa,

Lo anterior, se ve aderezado por un regulación que obligada por las directivas europeas define al sector como un “servicio económico de interés general” lo que lleva a una contradicción “ in extremis” que deberá ser solucionada por un nuevo establishment que sea capaz de desarrollar una regulación acorde al interés general y convergente con las directivas europeas.

El modelo energético global es incuestionable, en tanto en cuanto, la lucha contra el cambio climático es asumida por la gran mayoría de los 197 países que acudirán a la COP21 de Paris 2015 y, sin duda, firmarán un acuerdo que comprometa el nivel de emisiones de cada país en función de la necesidad global de no incrementar en más de dos grados la temperatura de la Tierra en relación con la época preindustrial.

En ese entorno la necesidad de definir una estrategia energética es ineludible, si se quiere que cualquier actuación sea convergente con un interés general.


La solución, lógicamente, ya no pasa por que las tarifas eléctricas se rebajen para conseguir en  el momento electoral un puñado de votos, el escenario ha cambiado radicalmente, los ciudadanos han podido presenciar las actuaciones, de unos y otros, en el caso que ha salido a la luz pública como el de Jánovas que fácilmente es extrapolable al conjunto del sistema eléctrico y esa situación solo puede ser defendida desde el interés particular que actuó como se nos muestra en el reportaje emitido, independientemente de lo que aparezca en los medios afines, la situación se presenta alentadora, sin ninguna duda, la etapa del sistema eléctrico que se inició en la dictadura ha llegado a su fin, la transición también es posible en un sector clave para nuestra economía.

lunes, 12 de octubre de 2015

AUTOCONSUMO: del RD 1699/2011 al RD 900/2015 pasando por la ley 24/2013


Como es sabido, el pasado viernes 9 de octubre se aprobó el decreto sobre autoconsumo que lleva por título:

RealDecreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

Como es sabido también, la anterior administración legisló, días antes de su salida del gobierno, el RD 1699/2011 que lleva por título:

RealDecreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

Veamos la diferencia del objeto de ambos decretos:

RD 1699/2011.

Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de las condiciones administrativas, contractuales, económicas y técnicas básicas para la conexión a las redes de distribución de energía eléctrica de las instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas en el ámbito del presente real decreto.

RD 900/2015

El real decreto tiene por objeto el establecimiento de las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Para entender mejor lo que ha cambiado después de cuatro años, entre uno y otro real decreto, es necesario tener en cuenta lo indicado en la ley 24/2013 donde en su artículo 9 se define el autoconsumo y sus diferentes modalidades.

1. A los efectos de esta ley, se entenderá por autoconsumo el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor.
Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:

  • Modalidades de suministro con autoconsumo.
  • Modalidades de producción con autoconsumo.
  • Modalidades de producción con autoconsumo (línea directa)
  • Cualquier otra modalidad de consumo de energía eléctrica

El real decreto del pasado viernes no anula el promulgado por la anterior administración, sino todo lo contrario, al apoyarse en él para concretar algunos aspectos técnicos, pero si elimina dos artículos, el 4.3 y el 18.3 referentes a:

(4.3) El estudio de la conexión no supondrá en ningún caso un coste para el solicitante.

(18.3) Con carácter general, para las instalaciones conectadas a una red interior, los circuitos de generación y consumo habrán de ser independientes y estarán dotados cada uno de su correspondiente equipo de medida, instalados ambos en paralelo y en la misma ubicación.

No queda ahí la cosa, ya que en la disposición transitoria final tercera: Modificación del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, se indica lo siguiente:



  • Uno. Se añade un nuevo párrafo en el artículo 8.2:
  •  Dos. Se modifica el artículo 11.4 que queda redactado como sigue:
  • Tres. Se modifica el artículo 13.3 que queda redactado como sigue:
  • Cuatro. Se añade un nuevo párrafo en el apartado 1 del anexo I:

Va a ser necesario la intervención del regulador en su faceta de regulador de energía para explicar y traducir los requisitos que van hacer posible que se cumpla tanto el requisito de la UE sobre simplicidad de los procedimientos como lo que pretenden ambos reales decretos cuando dicen:

objetivo de minorar las cargas administrativas, de gestión y los costes asociados a los consumidores de pequeña potencia que decidieran autoconsumir energía eléctrica y viene justificada por la contribución al impulso de la economía y a la mejora de la competitividad que supone esta reducción de precios para los consumidores eléctricos. Todo ello, garantizado la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico.(RD 900/2015)

......... Por ello, la racionalización y aceleración de los procedimientos administrativos para la obtención de los permisos que permitan una mayor capacidad de generación se considera como una prioridad para la consecución de los objetivos señalados. (RD 1699/2011)

El engendro  es de tal calibre que se llega a decir lo siguiente:

Se trata pues de avanzar hacia un sistema de generación distribuida mediante mecanismos de venta de excedentes y autoconsumo instantáneo para potenciar la producción individual de energía en instalaciones de pequeña potencia, para el consumo en la misma ubicación, en aquellos casos que sean eficientes para el conjunto del sistema eléctrico.

Cuando en la realidad se esta legislando en la dirección contraria.

Sinceramente, con un alto grado de ingenuidad por mi parte, nunca creí que se fuese a legislar el autoconsumo a estas alturas de la legislatura en los términos que se ha hecho. Demuestra un desprecio de lo legislado en nuestro entorno y, sobre todo, la falta de sentido del ridículo al legislar en la dirección contrario del consenso mundial.

La pregunta de la cual todavía no conocemos la respuesta, pero seguro que la habrá, es:

¿Por qué este desprecio a casi todo?

jueves, 1 de octubre de 2015

1 de octubre de 2015. La nueva tarifa eléctrica operativa


Hay coincidencia de día y mes, espero que sea solo eso, que no dejan de ser curiosas para algunos de nosotros, aunque tengamos que recurrir a google para recordar el hecho histórico de ese 1 de octubre, hecho que ocurrió hace 79 años, nada menos.

Hoy, 1º de octubre de 2015, aparece en los medios, entre otras cosas, como el de puesta en marcha de la nueva tarifa eléctrica para los consumidores sujeto a eso que han llamado: PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, es decir, precio regulado. Hay que añadir para ser ortodoxo que el referido precio se pone en marcha solo para los consumidores con contador electrónico.

Al lector, de casi todos los medios, no se le facilita la génesis de esta nueva tarifa y lo que es más sorprendente porque se dice que se pone en marcha, hoy, 1 de octubre de 2015, cuando en realidad no es así, desde una posición estricta de los hechos, fue un hecho trascendente para el sector eléctrico aunque algunos prefieran olvidarlo, lógicamente.
La historia de esta nueva tarifa se puso en marcha con la última subasta CESUR que ha habido en nuestro país, eso fue por allá en diciembre de 2013, coincidiendo con el día que se debatía en el congreso la ley 24/2013, nueva ley del sector eléctrico y que pretendía ser la mejor respuesta del “establishment” a la situación financiera creada como consecuencia del déficit tarifario existente, que ascendía al 3% del PIB.
Como se recordará la subasta fue declarada nula, como consecuencia de los niveles de precios alcanzados, que imposibilitaban su aplicación, so pena, de generar un escándalo de impredecibles consecuencias, la subasta se cimentó sobre la base del precio de los futuros del mercado diario que daban cobertura a la subasta y que habían tenido un comportamiento muy alcista durante el mes anterior. Hecho que fue denunciado posteriormente por el propio gobierno y se haya sujeto a proceso de investigación por la CNMC, sin que se haya resuelto todavía, según la información que poseo.

Todo lo anterior, provocó la articulación por parte de la administración, la improvisación de un nuevo procedimiento que fuera capaz de fijar un precio para el  PVPC, es decir, un precio regulado. La subasta CESUR fijaba, durante tres meses, un precio fijo para el PVPC, el nuevo procedimiento fijó un precio ligado al mercado diario y, por lo tanto, dejaba de ser fijo, pasaba a ser variable y sujeto a la volatilidad del mercado de referencia y que curiosamente fue el causante de la obligación de retirar del mercado las citadas subastas.

El nuevo procedimiento, independientemente de las causas de su nacimiento, ha tardado más de 20 meses en implantarse en tan solo el 50% de los consumidores afectados, el resto siguen, digamos, en un estadio transitorio que heredará, como ya es habitual, la nueva administración que salga de las urnas.

El hecho histórico coincidente con la fecha del 1 de octubre puede tener algún vínculo con el que hoy se publicita en los medios en relación con la tarifa, pues rotundamente no, pero algunos han escrito en su programa electoral de las últimas elecciones autonómicas celebradas, algo que me parece oportuno traer aquí, y es lo siguiente:

El sistema energético de España es el resultado de la evolución del modelo económico franquista de capitalismo de Estado, en el que, o bien el Estado se reservaba la gestión directa de los sectores básicos de la economía o bien es cedida esta gestión a intereses privados cercanos al régimen.
En el proceso de la transición de la dictadura al régimen constitucional de 1978 este esquema se mantiene. Sólo las condiciones de entrada en la UE obligaron a desmantelar, al menos formalmente, la estructura básica de este capitalismo de Estado, imponiendo la privatización y liberalización de los grandes sectores económicos.

De tener presente como se gestó la nueva tarifa, de la convicción de la necesidad de cambiar el statu quo actual, quizás se han cruzado en mi mente los hechos acontecidos tan distantes pero recordados por algunos y entre ellos una parte pertenecen al denominado: “establishment” lo que, por otra parte, abre esperanzas a una necesaria nueva etapa.






lunes, 28 de septiembre de 2015

Autoconsumo, “espiral de la muerte” y déficit de tarifa


Cuando se ha regulado a puerta cerrada, sin transparencia, tanto para los nuevos agentes como para los consumidores, cuando el único objetivo ha sido el de eliminar el déficit tarifario existente, cuando se elimina del escenario público la definición de una estrategia energética y cuando se crea un entorno de opinión totalmente alejado de un escenario de progreso y de interés general, la consecuencia es que cualquier movimiento de un nuevo posicionamiento de los que han defendido y realizado todo el proceso anterior se hace terriblemente sospechoso de ser, una vez más, parcial y oportunista para intereses particulares.

El sistema eléctrico, al igual que el sistema energético de un país, es totalmente analítico y, por tanto, podemos cuantificar y valorar el resultado de nuestras afirmaciones y posicionamientos. Hasta el último parche de diciembre del 2013 que se produzco con la aprobación de la nueva ley del sector eléctrico, ley 24/2013, el sistema eléctrico era analíticamente cerrado, es decir, los ingresos y gastos se generaban y manejaban por los agentes involucrados en el sector. Esto cambió con la introducción de impuestos sobre ciertas actividades que se escapan al sistema eléctrico al ser gestionados por un organismo con intereses varios, tal es el Ministerio de Hacienda y de esta manera se buscó parte de la solución al objetivo de la legislatura: el déficit tarifario.

Lo anterior es necesario tenerlo en cuenta ya que abre nuevas vías para implantar nuevas estructuras que faciliten y ayuden las nuevas realidades, entre ellas, está, como a nadie se le escapa, la fiscalidad verde, fiscalidad que se quiso regular en la primera parte de esta legislatura, como solución al déficit tarifario, pero fracasó de manera estrepitosa.

Todo lo anterior tiene que ser considerado para entender los pasos que se nos anuncian sobre el autoconsumo y su esperado real decreto, su incidencia en el déficit de tarifa y los movimientos de los que han mantenido y justificado de manera poco ortodoxa la no implantación de lo que ya empieza a ser una realidad en las economías más adelantadas, el autoconsumo con balance neto, y que, en  cualquier caso, debería ser objeto de un análisis de responsabilidades por los perjuicios causados a la economía de este país, y, sobre todo, en lo concerniente a la disminución del desempleo existente.